El Gobierno planea enviar al Congreso un nuevo paquete de proyectos destinado a desregular varios sectores de la economía. Aunque el Ejecutivo indica que el paquete es amplio, tres iniciativas centrales buscan cambiar reglas en áreas sensibles: una reforma integral del Código Aduanero, modificaciones al mercado inmobiliario y un proyecto para alterar el régimen de cabotaje en el transporte entre puertos argentinos.
Los borradores de la reforma del Código Aduanero y de la desregulación inmobiliaria se están elaborando desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, con participación del ministro Federico Sturzenegger. La propuesta sobre cabotaje se trabaja también con la intervención del Ministerio de Economía.
En el sector inmobiliario, el proyecto propone reclasificar el corretaje: dejaría de considerarse una “profesión liberal” para ubicarse como un servicio de intermediación comercial. La iniciativa busca modificar el funcionamiento de los colegios profesionales, permitir la operación sin restricciones geográficas entre jurisdicciones y eliminar la obligatoriedad de la matrícula en un colegio profesional.
La reforma del Código Aduanero apunta a introducir cambios de fondo en la operatoria del comercio exterior, con objetivos como reducir trámites y burocracia para agilizar el ingreso y egreso de mercaderías, revisar los controles y la dotación de personal y actualizar la figura y las sanciones vinculadas al contrabando.
La propuesta sobre cabotaje pretende ampliar la competencia para bajar costos logísticos y habilitar que buques con bandera y tripulación extranjeras operen servicios de navegación marítima y fluvial dentro del país. También contempla modificaciones en el régimen de los prácticos, los profesionales que asisten a los capitanes en maniobras en puertos.
Un eventual modelo más abierto generaría un debate con navieras, sindicatos y otros actores de la marina mercante por los efectos laborales, registrales e impositivos que implicaría una mayor presencia de embarcaciones extranjeras.
Algunos borradores que circularon incluían un pedido al Congreso para delegar facultades en el marco de una emergencia administrativa, lo que permitiría avanzar por decreto con otras medidas de desregulación. Fuentes oficiales consultadas negaron de forma categórica que esa alternativa esté en curso.
Desde el Ministerio de Desregulación confirmaron que los textos “están en revisión” pero no precisaron una fecha de envío al Congreso, y remarcaron que las propuestas buscan “fomentar la competencia” en los sectores involucrados.
El oficialismo ya tiene en trámite otras iniciativas con objetivos similares, pero enfrenta dificultades para lograr los apoyos necesarios en el Congreso. La sesión en la que comenzó a tratarse el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada se postergó hasta el 6 de agosto por falta de apoyo de aliados, en medio de un contexto público marcado por la exhibición de la bandera de Malvinas por parte de jugadores de la Selección.
La vicepresidenta Victoria Villarruel generó controversia al afirmar en un chat privado con Patricia Bullrich —luego difundido públicamente— que esa ley implicaría “vender el país” y al acusar al oficialismo de no priorizar la “integridad territorial”.
El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye mecanismos para agilizar desalojos, cambios en la ley de manejo del fuego y reformas a la normativa de expropiaciones, tiene un futuro incierto en el Senado. Allí también deberá tratarse la Ley Hojarasca, destinada a eliminar normas obsoletas y regulaciones innecesarias. Por su parte, aún no comenzó el debate sobre la nueva Ley General de Sociedades, que suscitó preocupaciones internacionales por las denominadas “sociedades automatizadas” vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial.
