La reforma del Código Penal es uno de los proyectos centrales del presidente Javier Milei. Su tratamiento fue suspendido durante las sesiones extraordinarias para profundizar la redacción y dedicar el tiempo de debate necesario antes de su discusión en el período legislativo ordinario. Aunque el texto todavía se está elaborando y en paralelo se registran incendios en la Patagonia, el equipo encargado prevé aumentar las penas por delitos relacionados con incendios intencionales, especialmente los que afectan bosques, y discute internamente la posible inclusión de la figura del “ecocidio”, pese a ciertas reticencias.
Ante los reclamos de la Unión Cívica Radical (UCR) y del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, por el incendio que afectó 30.000 hectáreas en la provincia, el gobierno libertario anunció un incremento en las condenas para los delitos con impacto ambiental. Al mismo tiempo, aclaran que las modificaciones no se quieren presentar como centradas exclusivamente en materia ambiental.
Según una fuente vinculada a la redacción consultada por Infobae, está previsto incorporar nuevos tipos penales para quien provoque incendios intencionalmente, incluyendo los que afectan a los bosques, y también para delitos como el tráfico de bienes culturales y la explotación minera ilegal.
La decisión de endurecer las penas parece tomada, aunque falta definir la escala concreta de años de prisión. Anticipan que las penas estarán por encima de los tres años para evitar que sean excarcelables. “No queremos anticipar las penas, pero van a ser altas”, señalaron a este medio.
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, publicó en su cuenta de X algunas de las incorporaciones al proyecto: “Prender fuego no es un accidente. Es un delito. En esta Argentina, el que las hace, las paga”, afirmó.
La incorporación de la figura del “ecocidio” genera debate interno: aunque hay consenso en endurecer sanciones, algunos miembros del equipo objetan el término. “Es muy hippie”, dijo una fuente con acceso al despacho presidencial en referencia al nombre de la figura.
Otra voz del equipo aclaró que no buscan presentar el proyecto con lenguaje ambientalista ni vincularlo a agendas internacionales: “No vamos a hablar de ambiente sano y esas formulaciones. No somos ambientalistas, vamos a castigar a todos los que incendien sin discriminación. No solo bosques. Provocas un incendio y vas preso”. Otros integrantes insistieron en que el objetivo es aumentar penas de forma general: “Para todo aumentamos las penas. Incendias algo, vas preso. No va a ser solo para bosques”.
Pese a las críticas, el equipo afirma que la tipificación concreta del ecocidio sigue en debate y no está cerrada. Actualmente existen normas penales en leyes ambientales especiales y disposiciones en el Código, pero el ecocidio no está tipificado expresamente como delito en el texto vigente.
“La figura está contemplada en el Código Penal, pero no está tipificada. Se debate si se incluye en el nuevo, pero sí hay aumento de penas para todos los incendios, sustancialmente de bosques”, explicó una fuente calificada, y agregó que se evalúa si dejar la figura tal cual o abrir su incorporación a negociación con la oposición. Originalmente estaba incluida y quedó reflejada en un agravamiento de los delitos por daños; la intención es castigar con penas muy altas a quienes incendien.
El proyecto se encuentra en su etapa final, con algunos detalles por definir, y la promesa de concluir la redacción durante la primera quincena de febrero. Entre quienes trabajan en el texto figuran el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio; el asesor presidencial Santiago Caputo y la abogada Macarena Alifraco; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el penalista Fernando Soto; y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy.
La mesa legal, en la que por ahora está exento el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona —de licencia desde fines de diciembre—, se reúne los jueves para avanzar en el proyecto que se propondrá durante el período legislativo ordinario.
El nuevo Código Penal incluirá más de 900 artículos y busca intensificar la política criminal, reducir lo que consideran arbitrariedades en el accionar judicial y buscar un cumplimiento efectivo de las condenas. Patricia Bullrich resumió el propósito con la idea de que la justicia “llegue a tiempo” y las sanciones sean percibidas como adecuadas por la sociedad: “El que las hace, las paga”.
La revisión del articulado vigente persigue endurecer las penas para delitos de mayor gravedad. Si bien el proyecto fue incluido en el temario de sesiones extraordinarias en diciembre, el presidente decidió que su tratamiento se realice en el período ordinario “para que se trabaje bien”, argumentando que la lista de proyectos para la prórroga de febrero ya era extensa y que sería difícil abordar todo al mismo tiempo.
