El régimen iraní difundió este viernes su propio balance de víctimas por las protestas que comenzaron a fines de diciembre, en un intento por fijar su versión de una represión que ha recibido fuertes críticas internacionales.
El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, afirmó que 3.117 personas murieron durante las manifestaciones, entre ellas 600 a las que el régimen calificó como “terroristas”, además de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.
Según Araqchi, del total de fallecidos, 2.427 corresponden a “civiles y agentes de seguridad”.
El jefe de la diplomacia no detalló los criterios usados para catalogar a esos 600 como “terroristas” ni aportó datos independientes que respalden esa clasificación.
Se trata del primer reconocimiento oficial amplio desde el inicio de los enfrentamientos, después de semanas de informaciones fragmentarias y comunicados parciales.
El anuncio se produjo pocos días después de que la Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos, un organismo estatal que asiste a familiares de fallecidos en conflictos, difundiera un balance similar.
Para observadores internacionales, que el gobierno haya recurrido a una entidad vinculada históricamente a contextos bélicos para informar sobre víctimas internas subraya la gravedad de la crisis.
Las cifras oficiales contrastan con estimaciones de organizaciones de derechos humanos, que hablan de hasta 5.000 muertos y decenas de miles de detenidos, y denuncian el uso de fuerza letal contra manifestantes y detenciones masivas sin garantías judiciales.
Araqchi también atribuyó a los disturbios una destrucción extensa de infraestructura pública: dijo que los “ataques terroristas” dañaron más de 400 edificios oficiales, 750 comisarías, 200 escuelas, 300 ambulancias, 800 vehículos y cerca de 5.000 centros religiosos.
Las protestas se iniciaron a fines de diciembre en el marco de una profunda crisis económica, marcada por el desplome del rial y una inflación persistente que afecta a amplios sectores. Durante días, las manifestaciones se multiplicaron en Teherán y otras ciudades, con demandas centradas en la situación económica y el rechazo a la gestión política, y la respuesta de las fuerzas de seguridad fue rápida y contundente.
El régimen ha responsabilizado a actores externos y a opositores en el exilio de fomentar la violencia, sosteniendo que fuerzas extranjeras y disidentes habrían alimentado los disturbios para justificar una posible intervención internacional.
Ese argumento se reforzó tras declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que advirtió que su país podría volver a atacar a Irán si persistía la represión.
Entretanto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que “deplora profundamente” la situación en Irán y reclama el fin de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas contra manifestantes pacíficos.
El texto insta además a garantizar juicios ante tribunales competentes, independientes e imparciales y a evitar condenas a muerte por delitos que no constituyan los más graves.
“Hago un llamamiento a las autoridades iraníes para que recapaciten y pongan fin a su brutal represión”, declaró el Alto Comisionado Volker Türk en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
(Con información de Europa Press y EFE)
