La regulación del sector de activos digitales dejó de ser una reacción puntual a crisis y pasó a ocupar un lugar central en las agendas económicas estatales. Así lo concluye el informe Global Crypto Policy Review & Outlook 2025/26 de TRM Labs, que estudia la evolución normativa en 30 jurisdicciones responsables de más del 70% de la exposición mundial a criptoactivos. El documento identifica un cambio estructural: los gobiernos diseñan ahora marcos para integrar estos activos en los sistemas financieros, en vez de actuar únicamente ante episodios de inestabilidad.
El movimiento más destacado se produjo en torno a las stablecoins, cuyo papel como infraestructura de pagos y liquidez se consolidó. Más del 70% de las jurisdicciones analizadas adoptó regulaciones específicas para estas monedas. En 2025, el volumen global de operaciones superó los 15 billones de dólares según distintas estimaciones de mercado, con uso creciente en remesas, liquidaciones y servicios financieros institucionales.
Ese despliegue explica por qué las grandes áreas económicas impulsaron marcos regulatorios de alcance sin precedentes. Las stablecoins dejaron de ser experimentos de nicho para convertirse en infraestructura crítica, lo que demandó una respuesta regulatoria más contundente.
Estados Unidos lidera el giro normativo
Washington protagonizó uno de los cambios más relevantes. Bajo la administración de Donald Trump, el Congreso aprobó el GENIUS Act, la primera ley federal sobre stablecoins, que crea un esquema de supervisión con requisitos de reservas, auditorías y límites operativos.
Al mismo tiempo, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) lanzó Project Crypto, destinado a modernizar la regulación de valores digitales, y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) inició esfuerzos de armonización normativa. Por primera vez, agencias federales avanzaron con una hoja de ruta común para dar previsibilidad a emisores, bancos e intercambios.
En la Unión Europea, 2025 fue el segundo año de implementación de MiCA, el mayor intento global de armonizar el mercado cripto. Los reguladores comenzaron a otorgar licencias bajo el nuevo marco, aunque TRM Labs documenta variaciones importantes entre países como Alemania, Francia, Austria y los Países Bajos en ritmo y alcance de la supervisión.
A MiCA se sumó DORA, la normativa de resiliencia operativa digital que obliga a las entidades financieras, incluidas las vinculadas al cripto, a mejorar sus estándares de ciberseguridad y gestión de incidentes. Mientras tanto, el proyecto de un euro digital permanece en evaluación, sin decisiones definitivas sobre su diseño frente a la competencia de stablecoins en dólares.
Asia define el estándar del futuro
Asia mostró la mayor diversidad regulatoria y consolidó un rol estratégico en la arquitectura global del sector. Según Angela Ang, directora de Políticas y Alianzas Estratégicas para Asia-Pacífico (APAC) en TRM Labs, la región está marcando pautas sobre tokenización, stablecoins y nuevos sistemas de pago.
Las iniciativas avanzan en direcciones variadas: Japón evalúa trasladar la supervisión de cripto al marco de la Financial Instruments and Exchange Act, lo que implicaría considerar muchos tokens como valores; Corea lanzó un piloto para operaciones institucionales bajo controles estrictos y avanza en legislación sobre stablecoins; Hong Kong aceleró la concesión de licencias, flexibilizó criterios de custodia y amplió actividades permitidas a proveedores regulados; y Singapur endureció requisitos para proveedores que operan desde su territorio hacia el exterior, manteniendo estándares prudenciales claros para stablecoins.
En conjunto, los responsables de política pública de la región han desplazado la discusión de la legitimidad del instrumento a su integración efectiva en infraestructuras de pagos y en el sistema bancario, buscando al mismo tiempo permitir la innovación y proteger la estabilidad financiera.
El movimiento institucional acompaña esa evolución normativa: la claridad regulatoria impulsa la adopción por parte de instituciones financieras en muchos mercados de APAC, que avanzan activamente en activos digitales.
En Oriente Medio, los Emiratos Árabes Unidos completaron la implementación de reglas para stablecoins ligadas al dírham y definieron condiciones para productos tokenizados. Dubái y Abu Dabi sincronizaron criterios para operadores virtuales y aumentaron sanciones por actividad no autorizada, en una transición desde experimentos hacia una supervisión más madura y con alcance internacional.
En América Latina, Brasil destacó por implementar un régimen de autorización para proveedores de servicios de activos virtuales, con requisitos de capital, transparencia y controles antilavado, e incluyendo operaciones con stablecoins en la supervisión de cambios y pagos transfronterizos. Argentina elevó las exigencias para el registro de proveedores y lanzó un marco experimental para activos tokenizados. México adoptó una postura más cautelosa, aunque impulsó reformas en la ley antilavado durante su presidencia del Grupo de Acción Financiera (FATF).
Los riesgos persisten fuera del perímetro regulado
El avance regulatorio responde también a amenazas persistentes. TRM Labs identifica la mayor actividad ilícita en segmentos no regulados: brokers extrabursátiles no autorizados, puentes entre cadenas y algunas plataformas descentralizadas sin controles operativos ni auditorías. El ataque vinculado a Corea del Norte contra la plataforma Bybit, que provocó pérdidas superiores a 1.500 millones de dólares en tokens basados en Ethereum, ejemplifica esta vulnerabilidad. Mientras existan jurisdicciones con marcos débiles, persistirá el riesgo de arbitraje regulatorio, según FATF.
El sistema financiero tradicional también ajustó su posición. El Comité de Basilea anunció una revisión acelerada de su marco prudencial para exposiciones bancarias a criptoactivos, después de que Estados Unidos y Reino Unido rechazaran aplicar estándares que implicaban deducciones de capital del 100% para la mayoría de los activos digitales.
TRM Labs apunta que esa revisión podría facilitar la entrada de bancos globales en mercados de stablecoins y activos tokenizados, especialmente si se introducen criterios diferenciados basados en riesgo operativo, gobernanza y solidez del emisor.
Los organismos multilaterales intensificaron sus advertencias. FATF pidió una implementación más homogénea de las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y elevó a 67 la lista de jurisdicciones con sectores cripto de relevancia material. El Consejo de Estabilidad Financiera advirtió que la fragmentación regulatoria sigue siendo un riesgo para la estabilidad, pese al progreso en marcos nacionales. La Organización Internacional de Comisiones de Valores reconoció avances en custodia y gobernanza, pero indicó que aún es pronto para evaluar la eficacia de los regímenes vigentes.
De la norma a la ejecución
El crecimiento del mercado acompaña este giro regulatorio. Varias estimaciones sitúan el valor de mercado global de los criptoactivos por encima de los cuatro billones de dólares en 2025, un récord. Encuestas entre inversores institucionales muestran que más de la mitad planea aumentar su exposición a activos digitales en los próximos años, siempre que exista regulación estable y supervisión clara.
El horizonte inmediato estará dominado por la implementación: Estados Unidos debe desarrollar la regulación secundaria del GENIUS Act en 2026, Europa afrontará la prueba práctica de supervisión bajo MiCA y Asia profundizará sus programas piloto.
TRM Labs prevé que la competencia entre jurisdicciones ya no se centrará en atraer operadores con normas laxas, sino en ofrecer marcos sofisticados que integren innovación, estabilidad financiera y controles eficaces. En ese proceso, la regulación del cripto ha dejado de ser reactiva y se ha convertido en una prioridad de política económica para las principales economías globales.
