La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad penal volvió al centro de la agenda pública. No es un planteo nuevo, pero adquiere una dimensión distinta frente a episodios recientes de inseguridad, especialmente en la Provincia de Buenos Aires.
Durante años se sostuvieron enfoques basados en la protección de derechos que, según críticos, terminaron generando un sistema con respuestas insuficientes para las víctimas, la sociedad y los propios menores involucrados en delitos. Mantener la edad de imputabilidad en 16 años no ha resuelto una realidad que ha cambiado y que exige respuestas. Hoy una parte de los delitos graves (robos violentos, entraderas, ataques con armas e incluso homicidios) involucran a menores por debajo del umbral actual de responsabilidad penal; en la Provincia de Buenos Aires esto alimenta una percepción de impunidad y casos en los que adultos utilizan a menores para intentar eludir sanciones más severas.
La iniciativa del Presidente Javier Milei de bajar la edad de imputabilidad a 14 años debe interpretarse, desde esta perspectiva, como una propuesta para ordenar el sistema jurídico: que quien comete un delito asuma una responsabilidad acorde a su conducta, dentro de un régimen diferenciado por edad y sin vacíos normativos que beneficien a los infractores.
La experiencia comparada en la región es útil para el análisis. Chile y Uruguay fijan la responsabilidad penal adolescente en 14 años y aplican regímenes que combinan sanción, control judicial y medidas socioeducativas. Brasil cuenta con medidas socioeducativas desde los 12 años y contempla la intervención estatal en delitos graves cometidos por menores. Ninguno de esos países ha sufrido colapsos institucionales por adoptar umbrales más tempranos; por el contrario, han desarrollado sistemas más previsibles que no renuncian a la intervención estatal frente a delitos graves.
En ese marco, la propuesta discutida en Argentina se presenta como una alternativa que puede incluir garantías procesales, penas diferenciadas, límites estrictos a la privación de libertad y un fuerte componente de acompañamiento y abordaje interdisciplinario. Un régimen así reconoce expresamente los derechos de los menores y, al mismo tiempo, busca proteger a las víctimas y a la comunidad.
Es frecuente que actores políticos vinculados a administraciones previas rechacen cambios apelando a argumentos recurrentes y sin hacer un balance de los resultados en materia de seguridad. Algunas iniciativas presentadas como innovadoras mostraron una brecha entre el discurso público y los resultados concretos en prevención del delito.
La reducción de la edad de imputabilidad no es una solución única ni instantánea, pero constituye una herramienta dentro de una política criminal integral y honesta que reconozca los problemas reales. La reforma plantea una intervención estatal temprana, ordenada y conforme a la ley, buscando evitar tanto el abandono como el castigo indiscriminado.
Avanzar hacia un nuevo régimen penal juvenil implica reconocer que el sistema vigente no protegió adecuadamente a víctimas, barrios ni a muchos jóvenes que terminaron envueltos en conductas delictivas. En ocasiones, discursos oficiales previos relativizaron la conducta delictiva como consecuencia de la exclusión social, con resultados visibles en la seguridad pública.
La inseguridad no es solo una estadística: es el temor de quien vuelve a su casa con miedo, la pérdida de pertenencias de familias trabajadoras y el dolor de quienes pierden seres queridos. Apoyar una reforma orientada a mejorar la respuesta del Estado significa intentar reparar esa deuda y afirmar que la ley debe proteger a quienes cumplen, a quienes trabajan y a quienes desean vivir en paz, con una actuación estatal que sea firme y justa.
