El casi total bloqueo de internet impuesto en Irán hace tres semanas empieza a aliviarse, pero no ha vuelto a la normalidad. Parte de la población, en un país de 92 millones de habitantes, recupera acceso bajo un sistema estricto que determina quién se conecta, por cuánto tiempo y en qué condiciones. El corte de comunicaciones, implementado el 8 de enero, fue interpretado por analistas internacionales como una medida deliberada para reducir la visibilidad de la represión contra las protestas iniciadas a finales de diciembre por la crisis económica.
El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que el apagón respondió a lo que llamó “operaciones terroristas” infiltradas en las manifestaciones. Araghchi sostuvo que elementos dirigidos desde el exterior se introdujeron en las protestas, dispararon contra las fuerzas de seguridad y atacaron a civiles, y acusó a Israel y Estados Unidos de orquestar la violencia.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en Teherán por la caída del rial, la inflación y el deterioro de las condiciones de vida. En pocas horas las demandas económicas derivaron en críticas directas al sistema de la República Islámica: consignas contra el líder supremo, Ali Khamenei, y llamamientos a un cambio de régimen se escucharon en decenas de ciudades y provincias. El 8 de enero, tras el llamado del príncipe heredero exiliado Reza Pahlavi a una movilización masiva, el gobierno respondió con un corte total de internet y una represión contundente.
Organizaciones de monitoreo de conectividad como NetBlocks confirmaron que el apagón alcanzó una escala sin precedentes: en menos de 30 minutos desde el corte del 8 de enero el 98,5% del tráfico de internet en Irán colapsó. A diferencia de bloqueos anteriores que demoraban días, las autoridades lograron desconectar al país en segundos aprovechando la infraestructura de una intranet nacional desarrollada con anterioridad.
El periódico reformista Shargh informó, citando fuentes oficiales, que el internet móvil se habría restablecido de forma parcial. No obstante, muchos usuarios continúan sin acceso pleno y solo logran conectarse de manera intermitente, tras repetidos intentos y por periodos muy limitados. Doug Madory, director de análisis de internet en Kentik, dijo a la BBC que lo que se observa no es un retorno a la normalidad: las principales plataformas se habilitan y bloquean en distintos momentos, lo que sugiere la prueba de un sistema para controlar el tráfico web en tiempo real.
Amir Rashidi, director de ciberseguridad del Miaan Group, declaró a la BBC que la evidencia indica que únicamente un número limitado de personas aprobadas por el gobierno tiene acceso a internet. Cuando hay alguna capacidad de transmisión de datos, es posible recurrir a redes privadas virtuales (VPN), explicó, pero las autoridades parecen decididas a impedir su funcionamiento y a mantener el control sobre quién puede conectarse.
Organizaciones de derechos humanos han señalado que el control del acceso a internet ha sido crucial para limitar la información sobre la represión de manifestantes. La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, confirmó al 26 de enero la muerte de 5.925 manifestantes y advirtió que la cifra final podría ser varias veces mayor, ya que 17.091 muertes reportadas están en revisión. Según HRANA, la cifra oficial del gobierno de 3.117 fallecidos no refleja la magnitud real de la violencia.
Amnistía Internacional y la Relatora Especial de la ONU sobre Irán, Mai Sato, han informado que las fuerzas de seguridad emplearon munición real y armas letales contra manifestantes en las 31 provincias del país, disparando de forma indiscriminada al pecho y la cabeza. Sato señaló que estos hechos podrían constituir ejecuciones arbitrarias y homicidios ilegales.
Tras casi tres semanas de interrupción de internet, el ministro de Comunicaciones iraní, Sattar Hashemi, declaró el 26 de enero que las pérdidas diarias por el apagón ascienden a cerca de 35 millones de dólares. Ante la creciente presión económica, las autoridades parecen haber autorizado formas de acceso estrictamente controladas para ciertas actividades comerciales.
Empresarios dijeron a la BBC que en algunas ciudades miembros de las cámaras de comercio reciben entre 20 y 30 minutos diarios de acceso a internet sin filtros, siempre bajo supervisión y tras superar múltiples etapas de verificación de identidad. Un representante de la Cámara de Comercio de Teherán, que habló en condición de anonimato, describió el sistema como racionado y paralizante. Algunos comerciantes han sido obligados a firmar compromisos para no enviar archivos relacionados con las protestas.
Madory señaló que, según los datos de tráfico web, los patrones observados sugieren que una restauración completa del acceso a internet en Irán podría no llegar a producirse. El apagón ha dificultado que la población dentro del país reciba información fiable y comunique al exterior lo que ocurre en las calles, hospitales y centros de detención.
El contexto de las protestas es una crisis económica profunda. A finales de 2025 el rial sufrió un desplome significativo. Según el centro estatal de estadísticas de Irán, la inflación alcanzó el 42,2% en diciembre de 2025; los precios de los alimentos subieron un 72% y los de productos sanitarios y médicos aumentaron un 50% interanual. Años de sanciones, mala gestión e aislamiento financiero han erosionado las condiciones de vida de amplios sectores.
Estas protestas son las más importantes desde las movilizaciones de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial. Amnistía Internacional advirtió que el patrón de violencia documentado en enero de 2026 replica dinámicas observadas en 2019 y 2022, pero agravadas por el apagón de internet impuesto desde el 8 de enero, que reduce la visibilidad de la represión y aumenta el riesgo de nuevas violaciones graves de derechos humanos.
