“La baja de la edad de imputabilidad es clave, ojalá logremos que se establezca a los 13 o 14 años, pero creo que incluso debería ser menos”, afirmó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, lo que mostró que la discusión sobre el contenido del nuevo Régimen Penal Juvenil —que se tratará en sesiones extraordinarias— aún no está resuelta dentro del Gobierno.
Algunos referentes libertarios consideran que fijar la edad mínima en 14 años permitiría alcanzar consensos más amplios y acercaría al oficialismo a los votos necesarios para aprobar la nueva ley; otros, en cambio, insisten en mantener la redacción original que proponía bajar el umbral a 13 años.
El proyecto original fue enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados en julio de 2024. Tras meses de debate, en mayo de 2025 un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; y Justicia acordó un dictamen de mayoría suscrito por LLA, el PRO, la UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre (los dos últimos con algunas disidencias).
En esas negociaciones, el PRO, la UCR y la Coalición Cívica impulsaron fijar la edad mínima en 14 años y también acordaron reducir la pena máxima efectiva para delitos graves de 20 a 15 años. Esos cambios permitieron consensuar un texto listo para ir al recinto, aunque finalmente no se llegó a debatir en el pleno.
Con el recambio legislativo el dictamen perdió estado parlamentario y la discusión técnicamente debe comenzar de nuevo. Algunos sectores del Gobierno prefieren respetar los acuerdos previos; otros estiman que la victoria en las legislativas y hechos de alta repercusión, como el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe, dan margen para insistir en una propuesta más dura.
La postura de los aliados del Gobierno y de los sectores dialoguistas será determinante. “El Gobierno está muy bien y viene metiendo goles, es obvio que van a tensar la discusión y proponer otra vez los 13 años. Pero nosotros vamos a seguir sosteniendo que la edad mínima tiene que ser 14 años”, dijo un referente del PRO en Diputados.
Desde la bancada que conduce Cristian Ritondo sostienen que la posición se funda en “prudencia científica y en la realidad operativa”. Señalan que no existe consenso médico ni psicológico sobre si chicos de 12 o 13 años comprenden plenamente la criminalidad de sus actos, y citan la observación general número 24 de la Convención de Naciones Unidas y estudios de neurociencias que indican que el pensamiento abstracto sigue en desarrollo a esas edades, por lo que lo prudente sería esperar criterios científicos más consolidados.
Además advierten que el Estado ya afronta dificultades para alojar y tratar a los menores que integran el sistema: bajar la edad implicaría un gran esfuerzo de infraestructura y, según su cálculo, reducirla a 13 años duplicaría la población de internos de forma inmediata. También recuerdan que la Corte Suprema alertó al Ejecutivo sobre la falta de espacios adecuados, por lo que sin infraestructura la ley no tendría eficacia.
El bloque PRO, por su parte, ve la discusión como una oportunidad para “plantarse” e inaugurar una etapa de “aliados con condiciones”. En ese contexto, muchos en el PRO aún mantienen malestar por la ruptura de los diputados bullrichistas y la posterior incorporación de algunos de ellos a La Libertad Avanza, entre ellos Alejandro Bongiovanni, Verónica Razzini y Lorena Petrovich.
Ante la consulta de Infobae, desde el bloque oficial de la UCR coincidieron en que “la discusión no debería volver a foja cero porque el tema ya está casi alineado en una de las Cámaras”.
Advirtieron además que, si se intenta “jugar a fondo”, se corre el riesgo de perder los votos que casi aseguran bajar la imputabilidad a 14 años. “El radicalismo quiere que la ley salga; no hay que desaprovechar consensos que costaron conseguir”, señalaron, y recordaron la necesidad de observar la composición de la Cámara.
La señal es relevante: sin los 22 votos del interbloque Fuerza del Cambio —donde conviven el PRO, la UCR y el MID— al oficialismo le resultaría prácticamente imposible alcanzar el quórum de 129 necesarios para el debate en Diputados.
