Los rebeldes hutíes en Yemen han confiscado equipos de telecomunicaciones y vehículos pertenecientes a oficinas desocupadas de las Naciones Unidas en Saná, informó la organización este viernes. La medida, que se suma a otras restricciones impuestas por el grupo respaldado por Irán, podría dificultar aún más el acceso a la ayuda humanitaria en las zonas bajo su control, donde vive la mayor parte de la población en situación vulnerable.
El jueves, miembros de los hutíes ingresaron a al menos seis oficinas de la ONU en la capital y trasladaron la mayor parte del equipo de telecomunicaciones y varios vehículos a un lugar no revelado. La ONU indicó que no recibió explicación sobre la retirada de estos bienes, que habían sido introducidos en Yemen cumpliendo los protocolos locales y con los permisos correspondientes. Julien Harneis, coordinador residente y humanitario para Yemen, señaló que las acciones se efectuaron sin diálogo previo, lo que impidió llegar a acuerdos para garantizar la continuidad de la asistencia.
Las restricciones van más allá del decomiso de equipos. Desde hace más de un mes, los hutíes han impedido que opere el Servicio Aéreo Humanitario de la ONU (UNHAS) hacia Saná, y desde hace más de cuatro meses han bloqueado vuelos hacia la provincia de Marib, controlada por el gobierno reconocido internacionalmente. Estos vuelos son el único medio para que organizaciones internacionales entren o salgan de las zonas bajo control hutí y mantengan sus operaciones de ayuda.
La situación ocurre en un contexto de mayor represión: la ONU reportó que los hutíes han intensificado acciones contra agencias humanitarias y han detenido a decenas de empleados, acusándolos de espionaje para Israel sin presentar pruebas. En los últimos años, 73 miembros del personal de la ONU y trabajadores de otras organizaciones civiles han sido privados de libertad, lo que ha limitado de manera significativa la distribución de ayuda en áreas que concentran cerca del 70% de las necesidades humanitarias del país.
Como consecuencia de estas dificultades, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) anunció la terminación de los contratos de sus 365 empleados en las zonas bajo control hutí, citando problemas de financiación y un entorno inseguro para su personal. El cierre de estas operaciones representa un golpe importante en un país donde, según la ONU, 19,5 millones de personas necesitarán asistencia humanitaria en 2025.
En noviembre, el PMA y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señalaron a Yemen entre los países con riesgo inminente de hambruna catastrófica. La confiscación de activos y la suspensión de vuelos humanitarios coinciden con un aumento de las necesidades en las áreas controladas por los hutíes, lo que, según la ONU, agravará la situación humanitaria y complicará la entrega de ayuda esencial a la población afectada.
(Con información de AP y AFP)
