Buenos Aires, 7 de febrero – El oficialismo planea que el próximo miércoles el Senado sancione el proyecto de modernización laboral, una de las iniciativas centrales para el presidente Javier Milei. No obstante, La Libertad Avanza aún no garantiza los votos necesarios para aprobar dos puntos sensibles: el capítulo fiscal y las modificaciones al sistema indemnizatorio.
El proyecto propone cambios profundos en la regulación del mercado laboral, entre ellos la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, ajustes en el régimen de vacaciones, modificaciones en las indemnizaciones y reformas en el esquema de aportes y afiliaciones.
La sesión fue convocada por la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, para el miércoles a las 11. El llamado se produce en un contexto de fuerte tensión social: ese día están previstas movilizaciones de centrales sindicales, organizaciones de izquierda y la tradicional marcha de jubilados.
El poroteo
La Libertad Avanza cuenta con los votos necesarios para aprobar la iniciativa en general y la mayoría de los artículos, pero todavía no logró consenso para mantener la reducción del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, que enfrenta resistencia de varios gobernadores.
Por ese motivo, la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, seguirá negociando hasta el mismo miércoles para intentar sancionar la ley sin cambios sustanciales, mientras que el ministro del Interior, Diego Santilli, dialogará con los gobernadores.
Hasta ahora, LLA dispone de 20 votos propios y suma apoyos del monobloque del Frente Cívico, diez senadores radicales, tres del PRO, dos misioneros, una senadora tucumana, una chubutense, una neuquina y una correntina. Además, podría agregarse una senadora salteña, lo que acercaría al oficialismo a unos 40 votos.
El peronismo
El interbloque peronista reúne por ahora 25 votos en rechazo del proyecto: 21 del bloque justicialista, dos del Frente Cívico por Santiago y dos de Convicción Federal.
Permanece la incertidumbre sobre la posición de legisladores de Convicción Federal —Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza—, vinculados a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), así como de los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano y de la cordobesa Alejandra Vigo.
Ganancias
La medida que más fricción genera con los gobernadores dialoguistas es la reducción del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, del 35% al 31,4%. Calculan que el impacto fiscal podría rondar los 2 billones de pesos, con efectos especialmente sensibles en 2027, año electoral.
Hasta el momento, la mesa política del Gobierno no contempla modificar la rebaja de Ganancias, ni eliminar los impuestos internos, ni implementar sistemas de compensación.
Indemnizaciones
El proyecto propone crear un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con el 3% de los aportes que los empleadores destinan a la ANSES para cubrir despidos. Sectores afines a la UCR plantean que ese beneficio debería limitarse a las pymes y no aplicarse a grandes empresas.
En otros puntos hay acuerdos: se propone fijar un tope de una remuneración por año trabajado, con un máximo de hasta tres veces el salario promedio, y permitir el pago de indemnizaciones en cuotas —hasta 12 en grandes empresas y 18 en pymes—, actualizadas según un índice de inflación más un 3% anual.
Además, el dictamen incorporó mejoras para las pymes y estableció que los salarios deberán abonarse exclusivamente en moneda nacional o extranjera.
Convenios
Otra modificación incluida en el dictamen refiere a la ultraactividad de los convenios colectivos: las cláusulas normativas (condiciones laborales) se mantendrán por un año, pero no se prorrogarán las obligaciones relacionadas con aportes solidarios que muchas empresas realizan a cámaras empresariales y sindicatos.
