El Ministerio de Salud de Australia declaró una emergencia ante el aumento de accidentes graves y muertes vinculadas a las bicicletas eléctricas, especialmente entre adolescentes. Las autoridades advierten sobre la proliferación de unidades ilegales en las principales ciudades y la carencia de controles técnicos, mientras comerciantes y centros educativos buscan estrategias para afrontar el fenómeno.
Según The Guardian, en Nueva Gales del Sur se registraron 226 heridos en 2024 y 233 en los primeros siete meses de 2025, además de cuatro fallecidos. En Queensland, las cifras preliminares apuntan a 239 siniestros y cuatro muertos en el mismo período. Las autoridades reconocen que el número real podría ser mayor por el subregistro de incidentes menores.
El repunte de accidentes abrió un debate nacional sobre si prohibir estos vehículos, endurecer su regulación y reforzar la educación vial. Registros policiales y asociaciones ciclistas reconocen que, pese a que las bicicletas eléctricas favorecieron la movilidad y la sostenibilidad, la situación actual muestra efectos preocupantes.
El ministro de Salud, Mark Butler, calificó a las bicicletas eléctricas como “una verdadera amenaza en la vía pública” y planteó la urgencia de frenar su entrada al país, otorgando a la policía facultades para retirarlas y eliminarlas cuando sean ilegales o peligrosas.
El uso de estos vehículos creció tras la flexibilización de normas de importación en 2021, que permitió la llegada de modelos con motores más potentes y aceleradores sin restricciones. Ben Boucher, estudiante de 16 años, dijo que la bicicleta eléctrica le da independencia y facilita el trayecto escolar: “Simplemente es más fácil moverse”.
Sin embargo, advierten que muchos menores desconocen las normas de tránsito. Max, de 15 años, contó que en educación vial aprendió la importancia del casco, pero expresó su preocupación porque muchos compañeros y sus padres ignoran que algunas bicicletas pueden superar los 50 km/h.
En 2025 el gobierno federal estableció una potencia máxima de 250 vatios y una velocidad límite de 25 km/h, pero comerciantes y expertos señalan que numerosos modelos eluden los controles oficiales.
Nueva Gales del Sur, que antes permitía motores de hasta 500 vatios, debió alinearse con los límites nacionales. Aun así, usuarios pueden modificar técnicamente sus bicicletas para alcanzar velocidades superiores.
El tema escaló a la política. Butler señaló que “los niños siempre han cometido imprudencias con las bicicletas, pero ahora las lesiones son mucho más graves”. El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, reconoció que los gobiernos intentan “cerrar la puerta del establo” cuando el problema ya se ha desbordado.
La líder opositora Natalie Ward exigió “sacar las bicicletas eléctricas de las calles” y alertó sobre la aparición de agrupaciones juveniles denominadas en medios como ebikie gangs. Estas posturas muestran el desacuerdo sobre cómo gestionar lo que consideran una potencial emergencia sanitaria.
El fenómeno afectó al comercio. Francisco Furman, propietario de Manly Bikes en Sídney, contó que tras la muerte de un usuario en diciembre las ventas cayeron en una temporada habitualmente activa: “Tuvimos muchas cancelaciones, lo que afecta gravemente nuestro negocio”. Además, redujo su inventario ante la incertidumbre regulatoria.
Otros comerciantes, como Tadana Maruta, de la tienda Pedl, sostienen que las nuevas restricciones no serán suficientes porque muchas bicicletas pueden modificarse para superar los límites legales.
También persiste la venta de modelos ilegales para uso privado que exceden los 25 km/h o carecen de pedales, y muchos compradores los usan en la vía pública. “Todo lo que se necesita es un adolescente ingenioso, y siempre hay uno capaz de hacerlo”, advirtieron comerciantes.
La policía australiana intensificó los controles contra bicicletas eléctricas y motocicletas ilegales. En una inspección en Melbourne en agosto, más de la mitad de los vehículos confiscados no cumplían la normativa vigente. El comisionado adjunto de la policía de Victoria, Glenn Weir, dijo que existe “una falta clara de comprensión, o un desinterés evidente, por cumplir la ley”.
Además, los denominados rideouts —encuentros de ciclistas adolescentes organizados por redes sociales— están sujetos a nuevas restricciones. En Sídney y Melbourne, estas reuniones han convocado a cientos de jóvenes y provocado quejas de residentes y autoridades.
Entre las alternativas están el refuerzo de los operativos policiales y la expansión de la educación vial. Bicycle NSW, la principal organización de ciclistas de Nueva Gales del Sur, impulsa un programa piloto de formación en escuelas con la intención de ampliarlo a todo el estado.
La organización considera que la intervención policial debe ser el último recurso y promueve informar a adolescentes, padres y comerciantes sobre la normativa vigente. Paralelamente, colectivos como Bike Life Australia colaboran con la policía para organizar salidas legales y prevenir incidentes.
El reto de equilibrar la movilidad sostenible con la seguridad pública sigue abierto en Australia. Para muchos comerciantes, la adopción de estas bicicletas es ya irreversible y sus consecuencias, tanto positivas como negativas, forman parte de la dinámica urbana del país.
