En una resolución relevante para la lucha contra las finanzas del crimen organizado en el norte argentino, el juez José Manuel Díaz Vélez, del Juzgado Federal N°1 de Tucumán, ordenó el congelamiento masivo de criptoactivos y otros bienes de una organización sospechada de lavado de activos. La medida, solicitada por el Ministerio Público Fiscal, apunta a desarticular una estructura que, según la hipótesis investigativa, funcionaba como terminal financiera para canalizar fondos del grupo narcocriminal brasileño conocido como Comando Vermelho.
La investigación está a cargo del titular de la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, Agustín Chit, y se originó en una denuncia de la PROCELAC, bajo la dirección del fiscal general Diego Velasco. El expediente indaga a un grupo de personas acusadas de movilizar fondos de origen ilícito, con énfasis en delitos vinculados a la narcocriminalidad transnacional, mediante una combinación de mecanismos financieros digitales y tradicionales.
Del efectivo al trading
Según las pruebas reunidas, los imputados habrían creado un sistema de “diversificación” de fondos destinado a ocultar el origen del dinero. La maniobra consistía en recibir activos sin respaldo patrimonial o fiscal comprobable y luego canalizarlos a través de múltiples contrapartes para dificultar su rastreo, utilizando plataformas digitales, billeteras virtuales y operaciones de trading de criptomonedas.
El uso del trading no se presentaba como una actividad genuina de inversión, sino como una herramienta de lavado: permitía transferencias rápidas entre carteras digitales y complicaba la trazabilidad manual de los fondos. Según la fiscalía, ese mecanismo posibilitaba el eventual retorno del capital al beneficiario final identificado como Marcelo Clayton Alves de Sousa, ciudadano brasileño prófugo con antecedentes y causas abiertas en Argentina y Brasil por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y el blanqueo de capitales.
Los investigadores consideran a Alves de Sousa el nexo principal entre la célula tucumana y el Comando Vermelho. La hipótesis fiscal sostiene que la red operaba en el país como una vía para blanquear y legitimar activos ilícitos generados por la organización en Brasil y en las rutas del narcotráfico regional.
El despliegue técnico del Ministerio Público
Por la complejidad tecnológica del caso, la fiscalía de Agustín Chit solicitó la intervención de áreas especializadas del Ministerio Público Fiscal. El éxito del congelamiento se apoyó en el trabajo conjunto de tres direcciones clave:
SIFRAI: La Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos, a cargo de María Fernanda Bergalli, se ocupó de la trazabilidad técnica de las operaciones digitales.DGRADB: La Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, dirigida por María del Carmen Chena, trabajó en la identificación y el embargo preventivo de los bienes.DAFI: La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero, bajo la conducción de Fabián Matilla, realizó el análisis de perfiles fiscales y la detección de inconsistencias entre los montos operados y los ingresos declarados por los sospechosos.
Tras cruzar información con diversas operadoras de criptomonedas, la Justicia logró confirmar y bloquear saldos por un total de USDT 208.693 (una moneda digital vinculada al dólar estadounidense). Esos fondos quedaron incautados como depósito judicial, a la espera de las resoluciones del proceso penal.
Un patrimonio internacional bajo la lupa
La resolución del juez Díaz Vélez alcanzó además bienes fuera del entorno digital. La dimensión de la organización sospechada se reflejó en el listado de activos cautelados, varios ubicados en el exterior, lo que evidencia la capacidad logística transnacional de la red:
Sociedades y acciones: Se ordenó el bloqueo de ocho participaciones sociales, siete de ellas en empresas radicadas en el extranjero.Inmuebles: Se dispuso la cautela de diez propiedades ubicadas fuera del país.Productos bancarios: Se congelaron alrededor de 50 cuentas y otros productos financieros, varios de ellos en el exterior.Vehículos: La medida alcanzó a cuatro automotores, uno de los cuales está localizado fuera de la Argentina.
Estándares internacionales y seguridad financiera
Este procedimiento se inscribe en los compromisos asumidos por el país ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El Ministerio Público Fiscal destacó que la investigación se ajusta a las Recomendaciones N°4 y N°30 de ese organismo: la primera orientada al decomiso efectivo de ganancias del delito para desfinanciar a las organizaciones; la segunda, a contar con autoridades proactivas y especializadas en la persecución del crimen económico.
Para la Justicia federal, el caso representa no solo un avance en la investigación penal puntual, sino también un fortalecimiento de la integridad del sistema financiero nacional frente a la infiltración de capitales de la narcocriminalidad. La recuperación de activos ilícitos y la imposición de sanciones económicas se consolidan como prioridades estatales en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
