El detenido identificado como Ruffo fue hallado muerto en su celda del penal de Melchor Romero. Según la información oficial, habría usado una sábana anudada a la ventana para quitarse la vida en la celda N° 85 del Pabellón N° 4. Otros internos detectaron la situación, cortaron la sábana e intentaron practicar maniobras de reanimación, pero no lograron salvarlo. El episodio fue advertido además durante una recorrida rutinaria del personal penitenciario, que escuchó gritos y constató el fallecimiento en el lugar.
Interviene la UFI N° 3 del Departamento Judicial La Plata, que dispuso la apertura de actuaciones por “suicidio”. Peritos trabajaron en la escena y el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente y las diligencias forenses que permitan confirmar la causa de muerte.
La noticia generó una fuerte reacción pública y personal. Natalia Ciak, madre de Joaquín, publicó en sus redes sociales un mensaje de condena hacia Ruffo, en el que lo definió con insultos y lo responsabilizó por haber acabado con la vida de su hijo. En esa publicación expresó que Joaquín era “sagrado” e irreemplazable y le imputó al detenido una conducta de manipulación emocional y falta de responsabilidad como padre. La familia y allegados siguen atravesando el duelo y la conmoción por los hechos.
El caso tiene su origen en un crimen ocurrido el 5 de agosto, cuando Ruffo, que estaba en pareja con la madre del menor, asfixió a su hijo Joaquín. Fue detenido a raíz de ese hecho y en la causa se lo imputó bajo la carátula de “homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y con el fin de causar sufrimiento a su cónyuge”. Tras cometer el crimen, el imputado intentó quitarse la vida y fue trasladado al Hospital Gandulfo; luego se recuperó y llegó a confesar tanto el hecho como el móvil.
En la investigación penal quedó pendiente la realización de una pericia psiquiátrica para determinar el estado de salud mental de Ruffo en el momento del hecho. Esa pericia era clave para que la fiscalía pudiera definir el cierre de la investigación y decidir si el imputado debía ser sometido a juicio o si correspondía considerarlo inimputable. Con la muerte en prisión, las autoridades judiciales deberán evaluar cómo continuar las actuaciones y cerrar las etapas forenses y administrativas vinculadas al caso.
