Amnistía Internacional pidió a la comunidad internacional que ejerza presión diplomática sobre las autoridades de Irán para detener los procesos judiciales y las sentencias de muerte dictadas contra al menos 30 personas, entre ellas menores de edad, acusadas de participar en las protestas de enero de 2026.
La organización denunció que ocho de los condenados recibieron la pena de muerte pocas semanas después de su detención en procesos que carecieron de garantías procesales y se basaron en confesiones presuntamente obtenidas bajo coacción.
Entre los condenados figura Saleh Mohammadi, de 18 años, detenido el 15 de enero de 2026 por la muerte de un agente de seguridad durante las protestas en Qom ocurrida el 8 de ese mes.
Amnistía Internacional revisó la sentencia y comprobó que Mohammadi se retractó en audiencia de sus declaraciones, alegando que habían sido arrancadas mediante tortura.
A pesar de esas alegaciones, el tribunal no abrió una investigación sobre las denuncias de tortura y confirmó la condena. En la lista de personas sentenciadas también está Mohammad Amin Biglari, de 19 años, junto a otros seis jóvenes condenados por “enemistad contra Dios” tras ser acusados de incendiar una base de la fuerza paramilitar Basij.
Estas sentencias se dictaron aproximadamente un mes después de las detenciones. Fuentes informadas relataron que Biglari permaneció desaparecido durante varias semanas, fue trasladado a la prisión de Ghezel Hesar y no contó con defensa durante la fase de investigación.
Más adelante se le asignó un abogado de oficio que, según las denuncias, no protegió sus intereses, y la familia no pudo designar un abogado independiente para interponer un recurso de apelación.
Otros casos destacan por la rapidez de los procedimientos y la edad de los acusados. Ehsan Hosseinipour Hesarloo, de 18 años, y los adolescentes Matin Mohammadi y Erfan Amiri, ambos de 17 años, están procesados por su presunta participación en un incendio en una mezquita de Pakdasht que causó la muerte de dos miembros de la Basij.
Amnistía Internacional recopiló testimonios que apuntan a que los adolescentes fueron detenidos antes del incidente y sometidos a agresiones físicas para forzar confesiones.
Según las denuncias, el juez se negó a reconocer a los abogados designados por la familia de Hosseinipour Hesarloo, los amenazó y nombró un defensor de oficio que tampoco garantizó una defensa efectiva.
Por su parte, los dos menores de 17 años permanecen en un centro de detención juvenil y están siendo procesados pese a la prohibición internacional de imponer la pena capital a personas que eran menores de 18 años en el momento del presunto delito.
Amnistía advirtió que el número de personas en riesgo de ejecución podría ser mayor, ya que las autoridades intimidan a las familias para impedir que informen sobre la situación de los detenidos.
Los procedimientos descritos se caracterizan, según la organización, por incomunicación, tortura y desapariciones forzadas para obtener confesiones, así como por la negativa a reconocer abogados independientes designados por los familiares.
(Con información de Europa Press y Amnistía Internacional)
