El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional decidió por unanimidad suspender la fecha 9 del torneo de Primera División y todas las categorías del ascenso nacional entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La medida fue adoptada tras la reunión celebrada el lunes y se toma en respuesta a la citación a indagatoria que recibieron autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La convocatoria judicial surge a raíz de una denuncia presentada por el organismo recaudador ARCA, que atribuye a la AFA una deuda fiscal. Desde la AFA sostienen que no existe una obligación exigible pendiente y que los pagos cuestionados fueron realizados de manera voluntaria y antes de sus vencimientos. En un comunicado, la entidad apuntó que ARCA estaría tratando de convertir cuotas no vencidas en el fundamento de un posible delito penal tributario, lo que, según la AFA, contraviene la normativa vigente. Ese argumento ya fue planteado ante el tribunal y está a la espera de resolución por la Cámara de Apelaciones.
Dirigentes de los clubes expresaron rechazo a la denuncia y respaldaron la suspensión del calendario deportivo hasta que avance el trámite judicial. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, se manifestó públicamente con la consigna “AFA somos todos”. Desde la dirigencia se aguarda la resolución de la Cámara de Apelaciones sobre el planteo de la defensa institucional.
Fabián Berlanga, presidente de Vélez, señaló tras la reunión: “No se descarta parar el torneo. Tomaremos la medida que haya que tomar”. Berlanga describió la situación como una “persecución” y afirmó que la ofensiva judicial forma parte de una ofensiva institucional que, a su juicio, intenta imponer cambios como las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). También indicó que algunos dirigentes habrían sido “perjudicados” por las medidas y cuestionó autorizaciones de viajes en medio del conflicto.
La causa penal fue instruida por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien citó al presidente de la AFA, Claudio Tapia; al tesorero Pablo Toviggino; y a otros dirigentes por la presunta apropiación indebida de fondos correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. En la resolución se dispuso la prohibición de salida del país para los involucrados y se fijaron fechas de indagatoria: Tapia para el jueves 5 de marzo y Toviggino para el viernes 6.
Según el expediente, se investigan 69 hechos independientes en ese período, con un detalle provisional de montos atribuidos: más de $663 millones en IVA; casi $2.000 millones en Impuesto a las Ganancias; más de $8.016 millones imputados bajo el régimen del artículo 79; y $8.675 millones en aportes previsionales. Julio de 2025 figura como el mes con mayor volumen investigado. La causa continúa su trámite judicial y quedará resuelta conforme avance la instrucción y las apelaciones correspondientes.
