El operativo se inició tras un robo agravado cuya víctima fue una oficial de 28 años. Según la denuncia policial, un hombre forzó la puerta de ingreso de su vivienda y, bajo amenazas, le sustrajo el teléfono celular y el chaleco antibalas reglamentario. A raíz de esa denuncia se realizó un procedimiento que derivó en detenciones y en actuaciones judiciales con distintas carátulas penales.
La Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 11 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora dispuso la imputación por “robo agravado por efracción” para un hombre de 30 años que fue detenido en el marco del operativo. En paralelo, la UFI N° 14 ordenó la imputación por “tenencia agravada de estupefacientes con fines de comercialización —por la pluralidad de autores—” para un total de cinco personas involucradas. Es decir, además del hecho de robo que afectó a la oficial, la investigación encontró indicios de comercialización de drogas que motivaron cargos adicionales contra otros imputados.
Tras el procedimiento policial, se produjo una reacción de los vecinos del barrio. Residentes de la zona afirmaron que la vivienda en cuestión, ubicada en la calle Lavardén, ya había sido denunciada anteriormente como un punto de venta de estupefacientes. En respuesta a esa percepción y a modo de represalia, varios vecinos comenzaron a destruir la propiedad a golpes de martillo. Más tarde, el Municipio de Lomas de Zamora intervino con maquinaria y completó las tareas de demolición o remoción del inmueble.
Los hechos combinan diferentes aristas: por un lado, el ataque directo a una integrante de la fuerza policial con la sustracción de elementos personales y de trabajo; por otro, la aparición de indicios vinculados al tráfico de drogas que implicaron a varias personas y derivaron en imputaciones judiciales diversas. También se sumó un componente de justicia por mano propia ejercida por vecinos, que provocó daños materiales a la vivienda antes de la intervención municipal.
Las actuaciones continúan en el ámbito judicial, con las correspondientes imputaciones y el avance de las investigaciones por parte de las fiscalías intervinientes. Las medidas tendientes a esclarecer los hechos buscan determinar responsabilidades penales tanto por el robo con efracción como por la presunta comercialización de estupefacientes, mientras que la actuación del municipio y la protesta vecinal reflejan el clima de tensión que generó el caso en la comunidad.
