El proyecto de reforma laboral se tratará este viernes en el Senado con la intención de convertirse en ley tras las modificaciones que introdujo Diputados la semana pasada. Además de cambios laborales, la iniciativa incorpora una serie de modificaciones tributarias destinadas a aliviar la carga impositiva sobre ciertos bienes.
Entre los bienes y servicios que quedarían excluidos del impuesto interno —también llamado impuesto al lujo— se encuentran los automóviles, los planes de telefonía, determinadas pólizas de seguro, las aeronaves y las embarcaciones. Cada categoría tributa con alícuotas distintas, por lo que la eliminación afectará de maneras variadas los precios finales.
En el caso de los planes de telefonía móvil, explicó el tributarista Sebastián Domínguez, la supresión del impuesto interno implicaría una baja cercana al 5%, dado que la carga efectiva sobre el abono es actualmente del 5,26%. Como el impuesto se aplica antes del IVA, en la práctica un plan estándar de 10 gigas con un abono de $47.990 vería una reducción de aproximadamente $2.400 mensuales si se elimina el gravamen.
El proyecto también contempla la eliminación del impuesto interno sobre los autos, uno de los sectores que más se vería afectado por la medida. Actualmente el tributo alcanza a vehículos con precios superiores a $103.000.000 y aplica una alícuota del 18%. A comienzos de 2025 el Gobierno ya había suspendido la primera escala (que gravaba la franja media con una tasa nominal del 20%) y había reducido la segunda escala del 35% al 18%, que es la vigente hoy.
La eliminación beneficiaría de forma directa a los vehículos de alta gama y podría provocar un reacomodamiento en segmentos como las pick-ups medianas tope de gama que, si bien no pagan el tributo por ser vehículos comerciales, compiten en esos rangos de precios. Por ejemplo, un auto que hoy se vende a $125.000.000 y está alcanzado por el impuesto podría bajar a alrededor de $108.000.000 si se suprime el tributo.
En cuanto a embarcaciones y aeronaves, hoy tributan una alícuota nominal del 20%, que en la práctica se transforma en una carga efectiva cercana al 25% porque el impuesto se calcula de modo que se incluye dentro de su propia base.
Si se elimina el impuesto, ese 25% dejaría de aplicarse y el precio debería disminuir en esa proporción. No obstante, como adelantó Domínguez, no necesariamente toda la caída se trasladará plenamente al consumidor final; una parte podría convertirse en mayor margen para los comercializadores.
Para las aeronaves, que no se fabrican en el país, hay dos esquemas posibles: si una empresa o particular importa la nave directamente, el impuesto se liquida en la Aduana, por lo que su eliminación implicaría una reducción inmediata cercana al 25% sobre lo que hoy se paga; en cambio, cuando interviene un importador que revende localmente, ese actor aplica el impuesto sobre el precio de venta y descuenta lo abonado en la Aduana, por lo que ante una quita podría optar por no trasladar toda la baja al público y absorber parte como mayor rentabilidad.
La reforma también elimina el impuesto interno que grava ciertos seguros con una alícuota del 2,5%, lo que debería traducirse en una baja en el valor final de esas pólizas si las compañías trasladan la reducción al precio.
Es importante señalar que la eliminación del impuesto depende, en primera instancia, de la aprobación de la reforma laboral que el Gobierno intentará convertir en ley este viernes. Las perspectivas oficiales indican que no habría mayores inconvenientes en el Senado, donde el proyecto ya fue tratado incluso antes de las modificaciones que se hicieron en Diputados.
Si se sanciona este viernes, la vigencia comenzará el mes siguiente a la publicación en el Boletín Oficial. Si el texto se publica el 27 de febrero o el 28, la reducción regirá desde marzo; de lo contrario, entraría en vigor en abril.
