El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el miércoles restricciones de visado contra 18 funcionarios iraníes por su responsabilidad en “violaciones graves de derechos humanos” durante la represión de protestas antigubernamentales que surgieron a finales de 2025. Estas sanciones se adoptan mientras Washington participa en negociaciones nucleares indirectas con Teherán y despliega una presencia militar sin precedentes en el Golfo Pérsico.
“Seguiremos utilizando todas las herramientas a nuestro alcance para exponer y promover la rendición de cuentas por los abusos cometidos por funcionarios del régimen iraní”, indicó el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Thomas Pigott. Con esta medida, asciende a 58 el número de personas sancionadas bajo esta política de responsabilidad por violaciones de derechos humanos.
Las restricciones están dirigidas a funcionarios acusados de vulnerar los derechos de expresión y reunión durante las protestas iniciadas el 28 de diciembre de 2025 en Teherán. La represión se ha calificado como la más letal en la historia de la República Islámica desde 1979. La agencia Human Rights Activists News Agency documentó hasta el 5 de febrero más de 6.900 muertes confirmadas, aunque estimaciones independientes elevan la cifra por encima de los 30.000.
El régimen iraní aplicó un apagón casi total de internet durante varios días a partir del 8 de enero, lo que, según el Departamento de Estado, “restringió severamente” la capacidad de documentar abusos. Amnistía Internacional describió la represión como una “masacre de manifestantes” y advirtió que el corte de comunicaciones pudo ocultar crímenes de lesa humanidad.
Las sanciones se anuncian en el contexto de conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán en Ginebra, mediadas por Omán. El martes 17 de febrero se celebró una segunda ronda centrada en el programa nuclear iraní. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que se acordaron “líneas generales” para un posible acuerdo, aunque persisten diferencias: Irán exige el levantamiento de sanciones económicas, mientras Estados Unidos busca abordar no solo el uranio, sino también los misiles balísticos y el apoyo iraní a grupos armados regionales.
El contexto militar aumenta la presión. A finales de enero, EE. UU. desplegó al portaviones USS Abraham Lincoln en el Golfo Pérsico acompañado por tres destructores, alrededor de 90 aeronaves y unos 5.700 tripulantes. El 14 de febrero, el presidente Trump confirmó el envío del USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo. La presencia simultánea de dos portaaviones es inusual y refleja una presión militar directa.
Imágenes satelitales verificadas situaron al Abraham Lincoln a 700 kilómetros de las costas iraníes el 16 de febrero. En respuesta, Irán efectuó maniobras militares en el estrecho de Ormuz y cerró temporalmente esa vía estratégica, por la que transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.
El líder supremo iraní, Ali Khamenei, advirtió que Estados Unidos “no logrará” destruir Irán y amenazó con hundir buques de guerra estadounidenses. Por su parte, Trump ha reiterado que está dispuesto a usar la fuerza militar para limitar el programa nuclear iraní y ha mencionado la posibilidad de un cambio de régimen en Teherán.
Las protestas surgieron en un contexto de crisis económica: la inflación alcanzó el 42% en diciembre de 2025 y el rial se devaluó más del 40% desde el conflicto de doce días con Israel en junio. Las manifestaciones, inicialmente por motivos económicos, evolucionaron hacia un movimiento que reclama el fin del régimen. Pigott reafirmó el “apoyo inquebrantable” de Washington a la población iraní y su derecho a la libertad de expresión. El Parlamento Europeo condenó el 22 de enero la represión y exigió el cese de la violencia, mientras que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó de “extremadamente preocupantes” las amenazas de ejecutar manifestantes.
