En un artículo anterior, “La defensa que tenemos y la defensa que necesitamos: desafíos para el siglo XXI”, se presentaron seis líneas de acción para construir un sistema de defensa creíble y realista.
La planificación integral del sistema de defensa nacional. Adecuación del marco legal. Asignación continua y previsible de recursos presupuestarios. Transformación innovadora de las FFAA. Conformación de un sistema eficiente de reservas y movilización. Organización del complejo I+D+P (Investigación, Desarrollo y Producción).
Las dos primeras líneas fueron tratadas en artículos previos; en esta ocasión se aborda, sin seguir un orden estricto, la cuestión de las reservas.
Crear un sistema de reservas y movilización eficiente es una de las medidas más costo-eficaces para aumentar las capacidades disuasivas y defensivas del país, tanto en paz como en conflicto. Las dos guerras mundiales y numerosos conflictos posteriores muestran que el uso de reservas ha sido determinante. Ejemplos como la guerra de Yom Kippur (1973), la guerra Irán-Irak (1980–1988) y los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania evidencian proporciones de empleo entre fuerzas permanentes y reservas que pueden oscilar entre 1:2,5 y 1:5, lo que subraya la relevancia de contar con reservas organizadas y adiestradas.
En la región, la relación entre activos y reservas varía: aproximadamente 1:0,5 en Chile, 1:4 en Brasil y hasta 1:8 en Paraguay. Las fuentes no siempre detallan si estas cifras corresponden a reservistas entrenados o al total de personas potencialmente movilizables. Durante el conflicto de 1978 por el canal de Beagle y la guerra de Malvinas, Argentina utilizó movilizaciones parciales de reservas; pese a su utilidad en aquel entonces, no hubo mejoras significativas después y las capacidades actuales son muy limitadas.
En el país, las reservas y la movilización de recursos nacionales (no necesariamente militares) no han ocupado un lugar central en la política de defensa, más allá de su inclusión en el marco legal y de intentos aislados de las Fuerzas que no solucionan plenamente la necesidad.
La Ley de Defensa Nacional N.o 23.556 establece que el Sistema de Defensa Nacional incluye “elementos de la reserva” de las Fuerzas Armadas y define la figura de la movilización, facultando al presidente a ordenarla total o parcialmente, afectando recursos humanos y materiales y permitiendo la incorporación de ciudadanos a las Fuerzas Armadas para la defensa nacional.
La Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas N.o 24.948 indica la necesidad de fortalecer el sistema de reservas para facilitar la transición de una fuerza de paz a una fuerza de combate mediante un sistema eficiente de convocatoria. Esa norma también fijó un plazo (365 días, hasta marzo de 1999) para promulgar leyes sobre reservas y movilización. Aunque hubo numerosos proyectos, la ausencia de una visión estratégica en materia de defensa ha sido perjudicial para los intereses nacionales.
La Ley de Personal Militar N.o 19.101 define la reserva distinguiendo la Reserva Incorporada (personal militar retirado llamado al servicio según necesidad) y la Reserva Fuera de Servicio (ciudadanos que cumplieron el servicio militar obligatorio o tienen instrucción militar y pueden ser convocados en caso de conflicto).
El Decreto 1716/2009, que reglamenta la Ley de Personal Militar, establece los mecanismos de convocatoria de la reserva para adiestramiento, necesidades de servicio y movilización en caso de conflicto.
Las reservas adiestradas y con capacidad de alistamiento rápido pueden aportar significativamente a la defensa nacional. Mejorar y aprovechar los sistemas actuales de las Fuerzas (por ejemplo SIREA en el Ejército y los sistemas de reserva naval y aéreo) y la existencia de reservistas voluntarios comprometidos y de bajo coste estatal, permitiría avanzar con rapidez y eficacia.
La implementación de un sistema de reservas y movilización eficiente requerirá:
Determinación de necesidades (cantidad, tipos de reservas, plazos de respuesta, etc.) en función de las posibilidades reales del país (población, recursos financieros, equipos disponibles). En un contexto de recursos limitados, un sistema de reservas eficaz permitiría mejorar capacidades con menos inversión que sostener una fuerza activa completa.Elaboración de un marco legal que defina su finalidad, composición, organización (incluyendo la creación de unidades), procesos de convocatoria, regímenes de ascenso, compensaciones y otros aspectos administrativos y operativos.Elaboración y puesta en práctica de procedimientos de registro, convocatoria, adiestramiento, promociones, empleo en conflicto y desmovilización, entre otros.
La actual distinción entre reserva incorporada y reserva fuera de servicio podría mantenerse, sumando una nueva categoría de “RESERVA VOLUNTARIA”, que incluiría diferentes agrupamientos según el empleo previsto, el tiempo de alistamiento y la disponibilidad.
Esta reserva voluntaria podría organizarse en tres agrupamientos:
1) Operacional: destinada a completar las unidades de combate con personal ya instruido (exmilitares, retirados, personal con alta capacitación técnica como pilotos, tripulaciones, operadores y técnicos de sistemas complejos). Tendría tiempos de alistamiento reducidos y adiestramientos periódicos (por ejemplo, trimestrales). Su función principal sería integrarse con la fuerza activa en operaciones militares, manteniendo aptitudes mínimas mediante simuladores y contacto continuo con personal en actividad.
2) Complementario: formado por organizaciones semipermanentes de reserva (compañías, escuadrones) integradas por personas con instrucción militar básica o específica para reservistas. Sus plazos de alistamiento serían mayores. En paz realizarían misiones complementarias (protección civil, apoyo comunitario). En conflicto, instruirían a la Reserva Fuera de Servicio movilizada para proveer reemplazos y podrían actuar como fuerzas de resistencia local en territorios ocupados, conforme a los planes militares.
3) Funcional: compuesto por ciudadanos con o sin instrucción militar incorporados temporalmente para cubrir necesidades puntuales y específicas (por ejemplo, profesionales cuyas capacidades no están disponibles dentro de las FFAA).
El proyecto previsto incluía el diseño y la actualización de planes de carrera para reservistas, así como mecanismos de promoción basados en la capacitación, aspectos que en muchos casos están demorados. El cambio de gestión ministerial en diciembre de 2023 detuvo el avance del proyecto, aunque sus principios siguen siendo válidos.
Organizar un sistema de reservas eficiente exige ajustar la estructura y el tamaño del Sistema de Defensa Nacional para eliminar organizaciones ineficientes, redundantes u obsoletas. Los recursos que se liberen deberían dirigirse al sistema de reservas para equilibrar el gasto en defensa, aun cuando ello no elimina la necesidad de un mayor presupuesto.
La reserva no debe ser vista como una mera medida de ajuste fiscal, sino como una capacidad que requiere inversión sostenida. Un reservista sin equipamiento moderno, sin horas adecuadas de entrenamiento y sin acceso a sistemas de armas no es eficaz. Un sistema de reservas creíble exige financiamiento continuo y una gestión orientada a la economía de fuerzas como resultado de inversión inteligente, no como sustituto de un presupuesto insuficiente.
La falta de un marco legal actualizado refleja una parálisis estratégica. En 2023, el Estado Mayor Conjunto presentó proyectos de ley sobre Reservas y Movilización y un Sistema de Incorporación y Adiestramiento de Reservas (SIARES), que no prosperaron. Mientras otros países actualizan su doctrina y prácticas sobre reservas, nuestro marco legal sigue conceptual y operativamente obsoleto, lo que debilita la capacidad de respuesta defensiva del Estado.
El artículo 21 de la Constitución Nacional obliga a los ciudadanos a armarse en defensa de la Patria, pero hoy ese mandato es impracticable sin una reforma que mejore las capacidades de movilización. Crear un sistema de reservas moderno sobre una estructura pensada para conflictos del pasado es contradictorio: la capacidad de disuasión no se mide por la cantidad de personas susceptibles de movilizarse, sino por la habilidad real del Estado para adiestrarlas, equiparlas y desplegarlas con rapidez.
Modernizar el sistema de defensa, en particular la estructura de las reservas, es una medida viable para cumplir el mandato constitucional y para disponer de una herramienta práctica que proteja los intereses nacionales.
