En la mañana del 3 de enero, fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos detuvieron a Nicolás Maduro en una operación altamente coordinada que atrajo atención internacional. Las autoridades estadounidenses afirman que Maduro dirigía una red de narcotráfico que perjudicaba intereses de Estados Unidos. Críticos, citados por The New York Times, han planteado dudas sobre si flujos de drogas de otras regiones representan una amenaza más inmediata, lo que genera interrogantes sobre la justificación de la intervención.
Las declaraciones públicas del presidente Donald Trump añadieron complejidad al debate. Sus comentarios sugirieron que intereses económicos estadounidenses —especialmente vinculados al sector energético venezolano— pudieron influir en los cálculos de Washington. Al mismo tiempo, Trump expresó reservas sobre la preparación de la opositora María Corina Machado para gobernar y mostró disposición temporal a colaborar con la vicepresidenta Delcy Rodríguez como autoridad interina.
Estos intercambios tienden a ocultar un aspecto central: la crisis venezolana no puede explicarse sólo por el narcotráfico o la política energética. Bajo Hugo Chávez y luego bajo Maduro, el Estado venezolano se constituyó como un proyecto político con ambiciones regionales que excedieron sus fronteras.
Durante la era de Chávez, Venezuela apoyó activamente a movimientos y gobiernos afines en América Latina, incluidos los liderados por Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y Daniel Ortega en Nicaragua. Junto con Cuba formó la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), un bloque que se definió frente a la influencia estadounidense. Paralelamente, Caracas buscó ampliar su influencia mediante instrumentos diplomáticos, financieros y políticos, en ocasiones tensionando las instituciones democráticas de países vecinos.
Al mismo tiempo, el gobierno chavista mantuvo vínculos con actores armados no estatales, entre ellos grupos guerrilleros colombianos y otras organizaciones militantes. Estas relaciones fueron justificadas como disuasión frente a posibles intervenciones extranjeras, pero en la práctica contribuyeron a una mayor inestabilidad regional. Durante un tiempo la riqueza petrolera sostuvo esa política exterior: acuerdos energéticos subsidiados garantizaron apoyos en el Caribe y Centroamérica, y prácticas laxas en pasaportes y visados generaron preocupación en servicios de seguridad regionales.
Con el descenso de los ingresos petroleros, el régimen de Maduro recurrió crecientemente a actividades ilícitas —narcotráfico, minería ilegal y contrabando— para financiarse. El llamado “Cártel de los Soles”, vinculado por diversas investigaciones a elementos del Estado, opera como una red descentralizada con conexiones militares. Ese entramado criminal alimenta la corrupción y fortalece redes transnacionales de violencia —pandillas, tráfico de armas y otras formas de crimen organizado—, deteriorando la estabilidad regional y creando entornos permisivos para grupos como las FARC, el ELN y, según algunos informes, organizaciones vinculadas a Hezbollah.
Los lazos crecientes entre el régimen de Maduro e Irán también han generado inquietud, en particular ante reportes sobre la expansión de redes asociadas a Hezbollah en América Latina y el Caribe. Aunque el alcance exacto de esa presencia sigue en debate, la percepción de una influencia extrarregional creciente ha intensificado las preocupaciones de responsables políticos en Estados Unidos y la región.
Desde esa perspectiva, la acción estadounidense contra Maduro puede interpretarse como parte de un intento más amplio de contener riesgos a la seguridad regional. Al mismo tiempo, pone de relieve las limitaciones de los mecanismos legales internacionales: la presión diplomática y los foros multilaterales han fracasado repetidamente en provocar cambios sustanciales en Venezuela, en parte porque potencias como Rusia y China apoyan a Caracas en organismos internacionales. Asimismo, numerosos países del Sur global suelen respaldar gobiernos que desafían a Estados Unidos.
No obstante, la salida de Maduro es apenas el primer paso y probablemente el más sencillo. Figuras clave del aparato de poder venezolano permanecen en sus cargos, como Diosdado Cabello —central en el sistema de seguridad— y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, con la lealtad de amplios sectores militares. Aunque Delcy Rodríguez ha mostrado disposición a cooperar con Estados Unidos, ya se observan tensiones internas y acusaciones de traición entre moderados y sectores duros.
Algunos argumentan que conservar partes del régimen es necesario para mantener el orden y evitar un colapso institucional, recordando el caos tras la desbaazificación de Irak en 2003. Esa preocupación merece atención. Sin embargo, la continuidad administrativa no requiere impunidad: es posible preservar la capacidad del Estado y los servicios públicos mientras se aparta a quienes están más implicados en la represión, la corrupción y el crimen organizado.
El propio presidente Trump afirmó recientemente que “los estadounidenses estamos al mando” de lo que ocurre en Venezuela. En la práctica, no es así: la estructura del régimen sigue operando aun sin Maduro.
Un ejemplo es la publicación de un decreto que declara un Estado de Emergencia Exterior, que establece un marco legal excepcional concentrando amplios poderes en el Ejecutivo en un contexto de confrontación con Estados Unidos. Entre sus disposiciones figura la instrucción a las fuerzas de seguridad para actuar contra quienes el régimen chavista considere apoyos a la acción militar estadounidense. Ya se han registrado detenciones de periodistas y presuntos colaboradores, lo que subraya los riesgos de permitir que estructuras de poder arraigadas permanezcan sin control.
En última instancia, el éxito de la operación no se evaluará por su ejecución táctica, sino por sus consecuencias. Una transición estable, inclusiva y responsable —capaz de evitar tanto el colapso institucional como la mera continuidad autoritaria— será determinante para que Venezuela pueda avanzar hacia la recuperación en lugar de permanecer en la crisis.
Un cambio palpable es el regreso de la esperanza y el optimismo entre parte de la población venezolana. De cara al futuro, será imprescindible un compromiso cívico sostenido, ya que una transición democrática no puede depender únicamente de la intervención externa.
