El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el miércoles restricciones de visado contra 18 funcionarios iraníes por su responsabilidad en “violaciones graves de derechos humanos” durante la represión de protestas antigubernamentales que estallaron a finales de 2025. Estas sanciones se anuncian en medio de negociaciones nucleares indirectas con Teherán y de un despliegue militar estadounidense inédito en el Golfo Pérsico.
El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Thomas Pigott, afirmó que continuarán utilizando todas las herramientas disponibles para exigir rendición de cuentas por los abusos cometidos por funcionarios del régimen iraní. Con esta ronda de sanciones, el total de personas afectadas por esta política específica de responsabilidad por violaciones de derechos humanos asciende a 58.
Las medidas se dirigen a funcionarios señalados por violaciones de la libertad de expresión y de reunión durante las protestas iniciadas el 28 de diciembre de 2025 en Teherán. La represión ha sido la más letal en la historia de la República Islámica desde 1979: la agencia Human Rights Activists News Agency documentó hasta el 5 de febrero más de 6.900 muertes confirmadas, mientras que estimaciones independientes sitúan el número por encima de los 30.000 fallecidos.
El régimen iraní impuso un apagón casi total de internet durante varios días a partir del 8 de enero, lo que, según el Departamento de Estado, restringió gravemente la capacidad de documentar abusos. Amnistía Internacional calificó la represión como una “masacre de manifestantes” y advirtió que el corte de comunicaciones facilitó el encubrimiento de posibles crímenes de lesa humanidad.
Las sanciones se anuncian en un contexto diplomático complejo: Estados Unidos e Irán mantienen conversaciones indirectas en Ginebra mediadas por Omán. La segunda ronda sobre el programa nuclear iraní se celebró el martes 17 de febrero. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo que se acordaron “líneas generales” para un posible pacto, aunque persisten diferencias: Irán exige el levantamiento de sanciones económicas, mientras que Washington pretende abordar también cuestiones relacionadas con misiles balísticos y el apoyo iraní a grupos armados regionales.
El componente militar añade presión a la crisis. A finales de enero, Estados Unidos desplegó el portaviones USS Abraham Lincoln en el Golfo Pérsico, acompañado por tres destructores, unas 90 aeronaves y 5.700 tripulantes. El 14 de febrero se confirmó el envío del USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo; la presencia simultánea de dos portaaviones en la zona es inusual y sugiere una presión militar directa.
Imágenes satelitales verificadas ubicaron al Abraham Lincoln a unos 700 kilómetros de las costas iraníes el 16 de febrero. En respuesta, Irán llevó a cabo maniobras militares en el estrecho de Ormuz y cerró temporalmente esa vía estratégica, por la que transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.
El líder supremo iraní, Ali Khamenei, advirtió que Washington “no logrará” destruir Irán y amenazó con atacar buques de guerra estadounidenses. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha reiterado su disposición a emplear la fuerza militar para limitar el programa nuclear iraní y ha mencionado la posibilidad de un cambio de régimen en Teherán.
Las protestas surgieron en el marco de una crisis económica marcada por una inflación del 42% en diciembre de 2025 y una devaluación del rial superior al 40% desde el conflicto de doce días con Israel en junio. Las movilizaciones, inicialmente por motivos económicos, derivaron en un movimiento que exige el fin del régimen. Pigott reafirmó el apoyo de Washington al derecho de la población iraní a la libertad de expresión. El Parlamento Europeo condenó la represión el 22 de enero y pidió el cese de la violencia; por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó de “extremadamente preocupantes” las amenazas de ejecutar manifestantes.
