El régimen iraní admitió este miércoles que al menos 3.117 personas murieron durante las protestas iniciadas a finales de diciembre, aunque activistas y organizaciones de derechos humanos advierten que la cifra real podría ser mucho mayor.
El recuento fue divulgado por la Fundación de Veteranos y Mártires y difundido por la televisión estatal; es el primer reconocimiento oficial de la magnitud de la violencia, pero observadores independientes cuestionaron de inmediato su veracidad.
Las movilizaciones, que comenzaron por descontento económico, derivaron en una ola nacional de huelgas y manifestaciones que pusieron en entredicho al liderazgo clerical establecido desde 1979.
Según el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Ali Akbar Pourjamshidian, 2.427 de los fallecidos son considerados “mártires” —entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad— y otros 690 fueron descritos por las autoridades como “terroristas, alborotadores y atacantes de instalaciones militares”.
Fuentes independientes recuerdan que el régimen tiene un historial de minimizar el impacto de su represión. Mahmood Amiry-Moghaddam, director de Iran Human Rights (IHR), señaló que todas las pruebas disponibles indican que el número real de muertos es considerablemente más alto.
Amiry-Moghaddam advirtió que, aplicando patrones de ocultamiento observados en otros contextos, el balance podría llegar a o incluso superar las 25.000 víctimas fatales.
El activista afirmó que la evidencia apunta a la responsabilidad estatal, con manifestantes atacados con fuego real por parte de las fuerzas de seguridad y sus aliados, incluido el uso de ametralladoras pesadas.
La Human Rights Activists News Agency (HRANA) elevó el número de muertos verificados a 4.560, aunque reconoció que la cifra podría ser mayor debido a las dificultades para recabar información bajo un amplio apagón de internet.
El régimen ha defendido la actuación de sus fuerzas, acusando a “elementos terroristas” respaldados por Estados Unidos e Israel. Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado el uso deliberado de munición real, disparos dirigidos a los ojos desde tejados y la represión de mujeres y menores; el grupo Hengaw informó de al menos 42 mujeres muertas a manos de fuerzas estatales.
El limitado acceso a información independiente complica determinar el alcance real de la represión. Netblocks registró más de 300 horas de apagón total de internet y telefonía desde el 8 de enero, lo que dificulta la comunicación y la verificación. Videos que han salido del país muestran morgues saturadas, cuerpos con heridas de bala y familiares intentado identificar a los fallecidos en condiciones caóticas.
Las protestas, originadas por el aumento del costo de vida y una crisis económica agravada por sanciones internacionales, se transformaron pronto en un desafío directo al liderazgo clerical. La respuesta oficial incluyó el despliegue de fuerzas policiales y militares, cortes de comunicación y ataques a manifestantes.
Amiry-Moghaddam advirtió que “el mundo está observando” y pidió a la comunidad internacional mecanismos para proteger a la población civil iraní y sancionar a los responsables de la represión.
En paralelo, las tensiones con Estados Unidos aumentaron: el canciller Abbas Araqchi advirtió en The Wall Street Journal que Irán respondería con toda su fuerza si fuera atacado, mientras el entonces presidente Donald Trump amenazó con una respuesta “fulminante” ante cualquier agresión iraní.
Mientras las autoridades intentan cerrar el episodio atribuyéndolo a “enemigos externos”, la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos sostienen que la violencia estatal no puede quedar impune. El verdadero costo humano puede tardar semanas o meses en conocerse, pero ya supera el de episodios similares en las últimas décadas del país.
(Con información de AFP y EFE)
