La Corte Suprema de Brasil declaró culpables a dos políticos por haber ordenado el asesinato de la concejala Marielle Franco, ocurrido el 14 de marzo de 2018. Los condenados son los hermanos Domingos Brazão y Chiquinho Brazão, a quienes el tribunal responsabilizó de planificar el crimen.
Según la investigación, Franco, conocida por su activismo en defensa de comunidades populares y por enfrentar a las milicias, fue asesinada cuando un expolicía disparó contra el vehículo en el que se trasladaba por el centro de Río de Janeiro.
En el ataque también falleció su chofer, Anderson Gomes, y una asesora resultó herida. Las autoridades señalaron que el homicidio buscaba enviar un mensaje intimidatorio a otros actores políticos que desafiaran el poder de las milicias.
Durante la audiencia, el magistrado Alexandre de Moraes afirmó que los hermanos Brazão mantenían vínculos con las milicias y formaban parte de esas estructuras armadas.
El magistrado explicó además que la decisión de ordenar la muerte de Franco estuvo motivada por la amenaza que representaba su trabajo parlamentario, relacionado con la lucha contra la expansión de urbanizaciones ilegales en barrios pobres, una actividad que constituye una importante fuente de ingresos para esas organizaciones.
Familiares de la concejala, dirigentes políticos y los abogados de los acusados asistieron a la audiencia pública celebrada en Brasilia.
Además de los hermanos Brazão, fueron condenados el exjefe de la policía civil Rivaldo Barbosa, el exmilitar Ronald Paulo de Alves (conocido como Major Ronald) y el exasesor Robson Calixto Fonseca (apodado Peixe).
La sentencia establece que los hermanos Brazão son responsables de doble homicidio calificado y de tentativa de homicidio en perjuicio de la asesora Fernanda Chaves, además de integrar una organización criminal armada.
Fonseca fue condenado únicamente por su participación en la organización criminal, mientras que Barbosa fue responsabilizado por obstrucción a la justicia y corrupción pasiva, por haber contribuido a encubrir el crimen y facilitar la impunidad de los autores materiales.
Durante el proceso, las defensas reconocieron la existencia de lazos entre el poder político local y las organizaciones criminales, pero sostuvieron que los hermanos Brazão no participaron directamente en el asesinato.
Un abogado defensor señaló que en Río de Janeiro existe una relación de poder entre la política y las milicias que condiciona la actuación de diversos actores políticos.
El fallo del Supremo Tribunal Federal fue posible, en parte, gracias a la delación premiada de Ronnie Lessa, el expolicía condenado por disparar el arma que mató a la concejala y sentenciado a 78 años de prisión.
En su declaración, Lessa describió la logística del crimen y vinculó a los hermanos Brazão con la planificación y el financiamiento de la operación, información que permitió a los investigadores reconstruir los hechos.
Los jueces del tribunal en Brasilia fijarán la pena en un plazo breve tras la condena.
(Con información de AFP)
