La Corte Suprema de Brasil declaró culpables a dos políticos por ordenar el asesinato de la concejala Marielle Franco. El tribunal concluyó que los hermanos Domingos Brazão y Chiquinho Brazão planificaron el homicidio, ocurrido el 14 de marzo de 2018, y fueron condenados a cumplir 76 años de prisión.
También se les impuso el pago de una indemnización de 7 millones de reales (aproximadamente 1,3 millones de dólares) a las familias de las víctimas.
La investigación estableció que Marielle Franco, reconocida por su defensa de las comunidades pobres y por cuestionar a las milicias, fue asesinada cuando un expolicía disparó contra el vehículo en el que se desplazaba por el centro de Río de Janeiro.
En el ataque murió su chófer, Anderson Gomes, y una asesora resultó herida. El homicidio habría tenido como objetivo enviar un mensaje intimidatorio a quienes se oponían al poder de las milicias.
Durante el juicio, el magistrado Alexandre de Moraes afirmó que los hermanos Brazão mantenían vínculos con las milicias y formaban parte de esas estructuras armadas.
Según el juez, la orden de matar a Franco se originó por la amenaza que representaba su labor parlamentaria contra la expansión de urbanizaciones ilegales en barrios pobres, una actividad que constituye una fuente de ingresos para esos grupos.
La audiencia pública se celebró en Brasilia y contó con la presencia de los familiares de la concejala, dirigentes políticos y los abogados de los acusados.
Además de los hermanos Brazão, el Supremo Tribunal Federal condenó al exjefe de la policía civil Rivaldo Barbosa a 18 años de prisión, y al exmilitar Ronald Paulo de Alves (conocido como Major Ronald) y al exasesor Robson Calixto Fonseca (apodado Peixe) a 56 años de reclusión cada uno.
La sentencia señala que los Brazão fueron considerados responsables de doble homicidio calificado y de la tentativa de homicidio contra la asesora Fernanda Chaves, además de integrar una organización criminal armada.
Fonseca fue condenado únicamente por su participación en la organización criminal, mientras que Barbosa fue responsabilizado por obstrucción de la justicia y corrupción pasiva, al haber contribuido a encubrir el crimen y asegurar la impunidad de los autores materiales.
Durante el proceso, las defensas reconocieron la existencia de lazos entre el poder político local y las organizaciones criminales, pero negaron la participación de los hermanos Brazão en el homicidio.
Un abogado de la defensa sostuvo que en Río de Janeiro existe una relación de poder entre la política y las milicias que condiciona las acciones de los actores políticos.
El fallo del Supremo fue posible tras la delación premiada de Ronnie Lessa, el expolicía condenado a 78 años de prisión por haber disparado el arma que mató a la concejala.
Lessa describió la logística del crimen y vinculó a los hermanos Brazão con la planificación y el financiamiento de la operación, lo que permitió a los investigadores reconstruir los hechos.
(Con información de AFP)
