El entramado empresarial refleja la complejidad del escenario económico actual: se observan contrastes entre sectores con crecimiento y una situación general de debilidad laboral y productiva.
Estos datos contradicen la narrativa oficial sobre una recuperación homogénea. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), la economía creció 4,4% en 2025, impulsada principalmente por el agro, el petróleo, la minería y la intermediación financiera.
No obstante, ese crecimiento no se traduce en generación de empleo: el trabajo formal retrocedió. El empleo registrado cayó 1% interanual en 2025, lo que representa 106.200 puestos menos respecto a diciembre de 2024, según la Secretaría de Trabajo sobre datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Desde el inicio del gobierno de Milei la situación empeora en términos laborales: se perdieron 288.815 puestos de trabajo, recuperados solo en parte por el incremento del monotributo.
Pérdida del tejido industrial
Cierres y despidos en empresas como FATE (cierre de planta en San Fernando por pérdida de mercado ante un aumento de importaciones), Newsan, Whirlpool y Quilmes muestran que la debilidad atraviesa distintos eslabones de la estructura productiva.
Analistas señalan tres factores centrales detrás del modelo vigente: un supuesto atraso cambiario, la apertura de importaciones y la caída del consumo interno. La combinación de estos elementos crea condiciones que, en varios aspectos, recuerdan la salida de la convertibilidad de 2002.
En la última encuesta de tendencia de negocios del INDEC, el 54,1% de las empresas industriales reportó carteras de pedidos por debajo de lo normal, lo que evidencia que la debilidad del mercado interno es un obstáculo clave para ampliar la producción.
Como diagnóstico del sector productivo, la industria operó en enero con una capacidad instalada del 53,6%, su peor inicio de año desde 2002 según INDEC; en diciembre había alcanzado 53,8%.
Un relevamiento de la UIA también detectó tensiones financieras: el 45,6% de las empresas declaró dificultades para afrontar pagos (salarios, proveedores, impuestos o compromisos financieros) y el 22,2% redujo su planta de personal, según una encuesta a 644 compañías de distintos sectores y tamaños.
Mientras el Gobierno sostiene que el ajuste es necesario para estabilizar la economía, diversos sectores advierten sobre el riesgo de un “industricidio” si no se corrige la orientación de las políticas.
