En 1602 la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales introdujo la figura de responsabilidad limitada. Cuatro siglos después, el presidente Javier Milei publicó un artículo en el Financial Times proponiendo una iniciativa legal sobre innovación que, en su opinión, es de las más ambiciosas vistas en años.
Argentina pretende crear un marco jurídico específico para la inteligencia artificial que incluye una nueva categoría corporativa, denominada “corporación no humana”. Esa entidad, gestionada por agentes de IA o robots, tendría capacidad legal para celebrar contratos, poseer activos y operar en la economía real. Milei plantea que Buenos Aires debería aspirar a ser para la IA lo que Ámsterdam fue en la era de la navegación a vela.
La propuesta ha suscitado críticas previsibles: académicos y organizaciones de la sociedad civil han expresado inquietudes sobre protección de datos, responsabilidad y transparencia. Figuras como Yuval Harari han advertido sobre los riesgos de permitir que entidades de IA accedan a servicios bancarios y contratos. Varios expertos locales se han mostrado “preocupados”.
Esas objeciones son válidas, pero existe otra perspectiva, planteada por el emprendedor Martín Varsavsky: la ley suele ir rezagada respecto a la tecnología. Una empresa ya es una ficción jurídica —no es una persona, pero puede celebrar obligaciones legales—, y si una compañía dirigida por IA realiza operaciones económicas, es preferible que exista un marco legal, capital, dirección humana y reglas claras para asignar responsabilidades, en lugar de que bots actúen desde cuentas personales sin supervisión.
La propuesta del gobierno, impulsada por Milei y el ministro de desregulación Federico Sturzenegger, se basa en tres pilares:
1. Mantener un grado de desregulación que permita el desarrollo libre de la IA sin restricciones prematuras o mal enfocadas.
2. Crear la arquitectura legal necesaria para que operen agentes de IA.
3. Establecer un entorno fiscal competitivo para las empresas que administrarán esas entidades.
En resumen, se busca un marco de responsabilidad derivado de una dirección legal identificable, en lugar de permitir operaciones opacas. Los defensores de la innovación temen que regulaciones apresuradas y obsoletas hagan emigrar la tecnología; el ejemplo del GDPR y las decisiones regulatorias en Europa se citan como advertencia. Como ha señalado Adam Thierer, planear preventivamente para todos los escenarios catastróficos puede impedir que se materialicen muchos escenarios positivos.
La apuesta argentina apunta a regular una realidad en formación más que a prohibir por reflejo. Históricamente, figuras jurídicas como la sociedad anónima también encontraron escepticismo inicial, pero terminaron siendo instrumentos útiles pese a sus críticas.
Un aspecto que muchos comentarios han pasado por alto es el contexto: la iniciativa proviene de un país que en los últimos dos años emprendió una desregulación extensa. Argentina mejoró 20 puestos en el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage en 2024 y 2025, registró superávit fiscal, redujo la inflación y llevó a cabo reformas significativas. El marco para la IA puede entenderse como continuación de ese programa.
Si funcionará depende de la ejecución: los incentivos fiscales deben ser efectivos, la ley bien redactada y el país debe cumplir sus compromisos. Argentina tiene antecedentes que generan dudas, pero el curso de reformas recientes sugiere que podría haber voluntad de implementar cambios reales.
Un documento de política pública propone sustituir el complejo entramado fiscal argentino —más de 165 tributos superpuestos— por una tasa única del 15%. Países como Georgia, Eslovaquia y Estonia consiguieron aumentos de recaudación tras adoptar modelos simplificados. Las empresas que deciden dónde instalar infraestructura de IA buscan claridad fiscal, no complejidad. Un impuesto razonable y transparente podría reforzar la credibilidad del marco propuesto; si Argentina cumple ambas condiciones, su oferta sería atractiva internacionalmente.
El escepticismo sobre la capacidad de implementación es comprensible, pero no equivale a rechazar la idea en sí. El planteamiento tiene méritos.
En definitiva, la propuesta puede convertirse en uno de los experimentos de gobernanza de IA más relevantes en este momento, siempre que se concrete con legislación clara, incentivos reales y cumplimiento efectivo.
