Buenos Aires, 19 de marzo — La diputada del monobloque Coherencia, Marcela Pagano, presentó una denuncia penal para que se investiguen presuntas irregularidades en contrataciones públicas y en el proceso de concesión de Tecnópolis, con señalamientos que alcanzan al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La presentación judicial, difundida este jueves, denuncia posibles delitos contra la administración pública vinculados a licitaciones de servicios de mensajería masiva y a la gestión del predio estatal correspondiente al período 2025–2026.
Según el escrito, una contratación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios habría adjudicado a ATX S.A. un contrato por más de $3.650 millones para el envío de SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas; en ese contexto, se señalan presuntos vínculos societarios entre empresas participantes —como ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L.— que podrían haber afectado los principios de competencia y transparencia.
La denuncia también menciona variaciones de precios en licitaciones similares y la recurrencia de firmas vinculadas en distintos procesos, lo que, de confirmarse, podría ser interpretado como una maniobra de “simulación de competencia” en perjuicio del Estado.
En paralelo, el escrito pone el foco en la concesión de Tecnópolis, un proceso valuado en más de $183.300 millones y gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete. Se advierte un posible conflicto de interés por la relación entre la consultora +Be —propiedad de Bettina Julieta Angeletti, esposa de Adorni— y empresas vinculadas a una de las firmas preseleccionadas junto a DirecTV Argentina.
El documento también describe conexiones comerciales entre esas empresas y otras que mantienen contratos con el Estado, lo que, según la denunciante, podría constituir un entramado incompatible con el ejercicio de la función pública.
De acuerdo con información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, los hechos podrían encuadrarse en delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
Por último, Pagano solicitó la apertura de una investigación penal y la producción de medidas de prueba para determinar eventuales responsabilidades de los funcionarios y empresarios involucrados.
