La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afronta una prueba política importante con un referéndum de dos días sobre una reforma judicial que inicia el domingo. La votación, presentada inicialmente como una revisión técnica del sistema judicial, se ha transformado en un barómetro sobre su liderazgo tanto en Italia como en el exterior.
La propuesta, que provocó fuertes debates, unió a la oposición de centroizquierda y polarizó el escenario político. Las encuestas muestran un empate técnico, con el bloque del “No” ganando tracción en los días previos; en ese contexto, la participación electoral podría decidir el resultado.
El analista Lorenzo Pregliasco, de YouTrend, advirtió que una victoria del “No” tendría consecuencias políticas relevantes: minaría la percepción de invulnerabilidad de Meloni y reforzaría la narrativa de la oposición sobre la existencia de una alternativa política en el país.
Meloni sube la apuesta
Al principio, Meloni trató de desvincular su imagen del referéndum para evitar que una derrota la debilitara. Su gobierno ha sido considerado relativamente estable y ha logrado cierto reconocimiento entre aliados europeos. Un triunfo en la consulta reforzaría su posición interna e internacional.
Con las encuestas ajustándose, la primera ministra cambió de postura y se volcó a apoyar abiertamente el “Sí”. Sus declaraciones han subido de tono: acusa a sectores de la judicatura de obstaculizar la acción del Ejecutivo en materia de migración y seguridad, y advierte que rechazar la reforma permitiría el avance de “facciones” judiciales sin rendición de cuentas y pondría en riesgo la seguridad pública.
Sus advertencias han provocado críticas de magistrados y del centroizquierda, que sostienen que las reformas pondrían en peligro la independencia del poder judicial y las garantías constitucionales.
El “riesgo Trump”
El referéndum también tiene efectos en la política exterior de Meloni. Su afinidad con el presidente estadounidense, Donald Trump, que pudo haber sido ventajosa en su momento, ahora le acarrea riesgos políticos, dado el rechazo que Trump suscita entre amplios sectores de la opinión pública italiana y europea.
Una derrota no forzaría su dimisión —su mandato sigue hasta 2027 y ella ha dicho que lo cumplirá—, pero podría erosionar su credibilidad dentro de la Unión Europea, donde hasta ahora se la considera un factor de estabilidad.
Un choque de larga data
La consulta aborda cambios profundos en la estructura del poder judicial. Entre las medidas principales figura la separación de las carreras de jueces y fiscales, impidiendo su traslado entre funciones, y una reconfiguración del Consejo Superior de la Magistratura, que gestionaría nombramientos y disciplina mediante tres cámaras y un nuevo método de selección de miembros, que sustituiría parte de las elecciones internas por sorteos entre quienes sean elegibles.
Los defensores de la reforma aseguran que modernizaría un sistema judicial lento y aumentaría la rendición de cuentas. Sus críticos, incluidos magistrados de relevancia, sostienen que las propuestas no resuelven los problemas clave y amenazan la independencia judicial.
El fiscal antimafia Nicola Gratteri ha sido especialmente crítico, señalando que el Gobierno no ha impulsado reformas que mejoren la eficacia de los procesos y que, según él, la medida dificultaría la persecución de delitos contra la administración pública y la corrupción.
Mientras los italianos se preparan para votar, el referéndum se perfila como un momento definitorio del mandato de Meloni: una decisión que puede influir en el futuro del sistema judicial y en la trayectoria política del país, cualquiera que sea el resultado.
(con información de AP)
