La respuesta de Irán al ultimátum de Donald Trump —aplazado ahora cinco días— se presentó a través de mapas, gráficos y listas difundidas por medios estatales y semioficiales como Mizan Online, la agencia Mehr y Fars. Esos documentos no identificaban bases militares ni posiciones de combate, sino infraestructuras civiles: centrales eléctricas y plantas desalinizadoras en distintos países del Golfo, instalaciones esenciales para el funcionamiento cotidiano de sus sociedades.
En paralelo, la Guardia Revolucionaria emitió un comunicado recogido por la agencia Tasnim en el que advirtió: “Irán responderá atacando las centrales del régimen ocupante y las de los países de la región que abastecen de electricidad a las bases estadounidenses”. El mensaje subrayó la determinación de responder a cualquier amenaza “al mismo nivel”.
El patrón observado es claro: los objetivos señalados son infraestructuras civiles que sostienen servicios básicos. La advertencia plantea que un eventual ataque contra la red eléctrica iraní podría ser respondido con acciones destinadas a interrumpir el suministro de energía y agua en la región, ampliando así el conflicto más allá de los frentes militares tradicionales.
El control del estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo, se ha convertido en el epicentro de esta escalada. Desde el inicio de las hostilidades, Irán ha restringido el tránsito por esa vía —por donde circula cerca del 20 % del petróleo y del gas natural licuado mundial—, lo que motivó el ultimátum de Washington para su reapertura. La amenaza de atacar la infraestructura eléctrica iraní se enmarca en esa presión y motivó la enumeración pública de objetivos en la región.
En Arabia Saudita, los materiales difundidos señalan la planta desalinizadora de Ras Al-Khair, una de las mayores del mundo y clave para el suministro de agua potable, y la central eléctrica de Shuqaiq, integrada al sistema energético del sur del país. Ambas reflejan la dependencia del reino de instalaciones que combinan generación eléctrica y producción de agua.
En Qatar aparecen la central solar de Al Kharsaah, destinada a diversificar la matriz energética, y el complejo de Ras Laffan, donde la generación eléctrica y la desalinización operan de manera conjunta para sostener el consumo doméstico y la actividad industrial, incluida la exportación de gas natural licuado.
En Emiratos Árabes Unidos, los gráficos mencionan la desalinizadora de Taweelah y la central nuclear de Barakah. La primera es una de las principales fuentes de agua en Abu Dabi; la segunda, con varios reactores en funcionamiento, es central en la estrategia energética del país y su daño plantearía riesgos energéticos y ambientales adicionales.
La lista se extiende a Bahréin, donde se menciona la planta Al Dur; a Kuwait, con la central Zour Norte como nodo importante del sistema eléctrico y de producción de agua potable; y a Jordania, donde aparecen la planta de Aqaba y la central de Samra, que cubren una parte significativa de la generación nacional.
Israel también figura entre los objetivos potenciales: medios iraníes difundieron referencias a las centrales de Orot Rabin y Rutenberg, dos de las principales instalaciones eléctricas del país, lo que indica que la respuesta podría alcanzar tanto a adversarios directos como a actores regionales vinculados.
La identificación precisa de instalaciones y ubicaciones redefine el alcance de la amenaza: no se trata de atacar frentes de combate, sino de golpear sistemas que sostienen la vida cotidiana. Electricidad y agua, recursos críticos en el Medio Oriente, pasan a ser herramientas de presión en un escenario de escalada. En ese contexto, la advertencia iraní sugiere que cualquier ataque no se medirá únicamente en términos militares, sino también por su capacidad de paralizar servicios esenciales y afectar directamente a la población civil a escala regional.
