Tras un fallo histórico que revirtió la sentencia de primera instancia contra Argentina por la expropiación de YPF, el presidente Javier Milei informó que el Gobierno envió al Congreso un proyecto para modificar la ley de expropiaciones vigente, junto con otras reformas.
Al referirse al caso de la petrolera en una cadena nacional, Milei afirmó que una resolución adversa en el juicio le habría costado al país 18.000 millones de dólares y que afrontarlos habría sido un obstáculo significativo para la recuperación económica.
Desde su perspectiva, la estatización de YPF en 2012 implicó para Argentina un “precio inconmensurable”, que calificó como una acción irresponsable en términos de riesgo país, tasas de interés y menor crecimiento económico.
El presidente sostuvo que, más allá de la pericia legal del Gobierno, existe una verdad: expropiar está mal porque equivale a robar, y romper ese principio provocó alrededor de 12 años de falta de inversiones por el litigio en curso, con menos empresas, menos trabajo y un aumento de la pobreza y la indigencia.
En ese marco, anunció el envío de un proyecto para modificar la ley de expropiaciones con el objetivo de evitar que la “arrogancia de la política” vuelva a provocar una década perdida y para asegurar que la propiedad privada no quede en duda en el país.
Asimismo, aclaró que el hecho de que su administración esté corrigiendo el daño heredado no implica negar que ese desastre existiera; destacó la importancia de no olvidar la impericia del pasado para no repetir errores y mencionó que desea hacer algunos reconocimientos individuales.
El proyecto para cambiar la ley de expropiaciones
La iniciativa busca reforzar la protección de la propiedad privada para atraer inversiones y favorecer la expansión económica. Plantea restringir las expropiaciones a situaciones “estrictamente excepcionales” y contempla compensaciones más altas para quienes resulten afectados.
Según explicó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en una columna en Infobae, el proyecto propone reformar la ley 21.499 para precisar los supuestos, las condiciones y las indemnizaciones, eliminando las zonas grises de la normativa actual.
El nuevo esquema establece que el valor de los bienes debe fijarse antes de cualquier alteración provocada por la expropiación, incorpora el reconocimiento del lucro cesante y limita la posibilidad de ocupaciones temporales fuera de lo habitual.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había señalado en una conferencia de prensa que la inseguridad jurídica desalentó la llegada de inversiones durante largos periodos, y que la falta de previsibilidad sobre la estabilidad contractual y la garantía de los derechos de propiedad afectó la generación de empleo y perjudicó a propietarios e inquilinos.
La iniciativa, ya remitida al órgano legislativo nacional, establece que la compensación por una expropiación cubrirá únicamente el valor real de mercado del bien y los daños causados directamente por la medida. No se considerarán factores personales, sentimientos, ganancias hipotéticas ni el aumento de valor derivado de obras futuras. La indemnización incluirá la actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec y los intereses correspondientes, pero no compensará ganancias no obtenidas.
Además, el valor del bien se calculará según su precio de mercado antes de cualquier anuncio de expropiación y se ajustará por inflación hasta el momento del pago usando el IPC. El organismo expropiante deberá solicitar al menos dos valuaciones independientes y publicar en sitios oficiales tanto el precio como el informe con la metodología de cálculo. En caso de que la empresa expropiada cotice en bolsa, se tomará el valor de sus acciones previo a la difusión de la noticia de la expropiación.
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