Tras un fallo histórico que revirtió la sentencia de primera instancia contra Argentina por la expropiación de YPF, el presidente Javier Milei informó que el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para modificar la normativa vigente sobre expropiaciones, junto con otras reformas.
En una cadena nacional, Milei afirmó que una resolución adversa en ese juicio habría implicado un costo de 18.000 millones de dólares para el país y que tener que afrontarlos habría sido “un enorme obstáculo” para la recuperación económica.
El mandatario sostuvo que la estatización de la compañía en 2012 le costó a la Argentina un “precio inconmensurable” y la calificó de irresponsable por su impacto en el riesgo país, las tasas de interés y el crecimiento económico.
Según Milei, más allá de la pericia legal del equipo, existe una idea central: expropiar está mal porque robar está mal. Señaló que esa política provocó aproximadamente 12 años de pérdida de inversiones mientras se tramitó el juicio, con las consecuencias esperables: menos empresas, menos empleo, más pobreza y más indigencia.
En ese marco, anunció el envío de un proyecto para reformar la ley de expropiaciones “para que la arrogancia de la política no nos haga perder otra década” y para que la propiedad privada deje de estar en duda en el país.
Agregó una aclaración: que el Gobierno esté corrigiendo el problema heredado no implica negar que ese problema existió. Advirtió que la eficacia de los equipos actuales no debe ocultar la impericia del pasado, porque de lo contrario se corre el riesgo de repetir los mismos errores, y adelantó que hará reconocimientos individuales.
El proyecto para cambiar la ley de expropiaciones
La iniciativa oficial busca reforzar la protección de la propiedad privada para atraer inversiones y favorecer la expansión económica. Para ello, limita las expropiaciones a casos “estrictamente excepcionales” y propone ajustes en las indemnizaciones.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó en una columna en Infobae que el proyecto introduce cambios a la ley 21.499 para definir con mayor precisión los supuestos, las condiciones y las compensaciones, eliminando zonas grises.
El nuevo esquema establece que el valor de los bienes debe calcularse antes de cualquier alteración causada por la expropiación, contempla el reconocimiento del lucro cesante en los supuestos aplicables y restringe la posibilidad de ocupaciones temporales fuera de lo habitual.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, señaló en su última conferencia de prensa que la “inseguridad jurídica” desalentó inversiones durante largos períodos. Añadió que la falta de previsibilidad en la estabilidad de los contratos y en la garantía de los derechos de propiedad perjudicó la generación de empleo y afectó tanto a propietarios como a inquilinos.
El proyecto, ya remitido al órgano legislativo nacional, plantea que la compensación por una expropiación cubrirá el valor real de mercado del bien y los daños directos ocasionados por la expropiación. No se tomarán en cuenta factores personales, sentimientos, ganancias hipotéticas ni incrementos de valor especulativos vinculados a obras futuras. La indemnización se ajustará por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec y devengará los intereses correspondientes, pero no incluirá ganancias no realizadas.
Además, el valor del bien se calculará según su precio de mercado antes de cualquier anuncio o noticia sobre la expropiación, y ese monto se actualizará por inflación (IPC) hasta el momento del pago. El organismo que promueva la expropiación deberá solicitar al menos dos valuaciones independientes y publicar en sitios oficiales tanto el precio como el informe metodológico. En el caso de una empresa cotizante en bolsa, se tomará como referencia el valor de sus acciones anterior al conocimiento público de la medida.
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