La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) rechazó el aumento de la presión fiscal en jurisdicciones subnacionales, tomando como punto de partida la implantación de la denominada “Tasa de Protección Ambiental” por parte del Municipio de Pilar, un tributo que en algunos casos alcanza hasta el 2% de la facturación de los comercios del partido. La entidad advirtió que este caso no es aislado, sino parte de una tendencia más amplia que afecta la actividad económica en distintas regiones del país.
La organización empresarial señaló que el incremento de la carga impositiva tiene consecuencias directas y perjudiciales para el sector privado. En su comunicación oficial afirmó: “la voracidad fiscal lamentablemente es un fenómeno por demás extendido, que perjudica la actividad económica a lo largo y a lo ancho de la Argentina”.
El documento recordó que, en las últimas décadas, el país mostró un aumento sostenido de los tributos a empresas y ciudadanos: “Durante las últimas décadas el país se caracterizó por una abultada y creciente presión impositiva, tanto en lo que refiere a cargas nacionales como provinciales y municipales”.
La CAC sostuvo que el crecimiento del gasto público llevó a los distintos niveles de gobierno a buscar permanentemente nuevos recursos, lo que se tradujo en mayores impuestos para el sector privado. En ese sentido señaló que el incremento del gasto motivó la búsqueda constante de ingresos adicionales, recargando a las empresas con múltiples tributos.
La cámara también advirtió que la existencia de una porción significativa de la economía en la informalidad agrava la situación de los contribuyentes que cumplen sus obligaciones. Según el comunicado: “la existencia simultánea de una porción significativa de la economía nacional que opera en la informalidad agrava la situación del contribuyente cumplidor, haciendo que en no pocos casos las actividades productivas se vuelvan inviables”.
En ese marco, la CAC alertó que la presión fiscal excesiva puede llevar a la inviabilidad de actividades productivas, con efectos adversos sobre empresas y empleos, y terminar erosionando la recaudación tributaria en un círculo negativo: “esta asfixia más pronto que tarde acaba por erosionar los propios ingresos fiscales que pretendía acrecentar, en un desgraciado círculo vicioso de empobrecimiento colectivo”.
En su comunicado la CAC distinguió entre la política tributaria del gobierno nacional y las medidas adoptadas por algunos municipios y provincias, y destacó que la actual administración nacional viene aplicando reducciones progresivas de impuestos desde su asunción hace dos años. Señaló que se han efectuado sucesivas bajas o eliminaciones de tributos en ese período.
La entidad subrayó, no obstante, que ese proceso requiere gradualidad para preservar el equilibrio de las cuentas públicas y la estabilidad macroeconómica: “se trata de un proceso necesariamente paulatino —a fin de no poner en riesgo el equilibrio fiscal, pilar insustituible de la estabilidad macroeconómica—, pero que felizmente se está ejecutando sin pausa”.
Como ejemplo de los cambios recientes impulsados desde el Ejecutivo, la CAC mencionó la baja de derechos de exportación sobre determinados productos agropecuarios, considerada parte de la senda de reducción impositiva.
La Cámara exhortó a las jurisdicciones subnacionales a evitar nuevos aumentos tributarios y a revertir los incrementos recientemente dispuestos. Asimismo las convocó a intensificar esfuerzos en eficientización del gasto y en el combate a la evasión, con el fin de permitir una reducción progresiva de la carga impositiva, en línea con las políticas del gobierno central.
La CAC sostuvo que un esfuerzo conjunto para reducir gradualmente la presión fiscal es necesario para “generar un entorno más favorable para la inversión, la generación de empleo privado y el crecimiento del valor agregado de las empresas, elementos indispensables del progreso económico y social”.
El ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó públicamente la actualización del gravamen implementado por el municipio de Pilar, una medida que recibió el rechazo de cadenas de supermercados y reavivó el debate sobre el impacto de las tasas municipales en el precio final de los productos.
En su cuenta oficial de X, Caputo escribió: “No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente. Muy bien la ASU (Asociación de Supermercados Unidos), es lo que hay que hacer: exponerlos. Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y la industria”. Añadió críticas previas contra la gestión del intendente Federico Achával, señalando: “Mientras en La Libertad Avanza trabajamos para bajar impuestos y hacer más competitiva nuestra industria, los intendentes kirchneristas los suben como si nada. No van a aprender nunca. No les interesa la gente. Y encima te quieren vender que su modelo es de desarrollo”.
El nuevo esquema tributario en Pilar impacta directamente en los precios que pagan los consumidores. Según la información difundida, la medida alcanza a supermercados, hipermercados, centros comerciales, hoteles, industrias, empresas de servicios y universidades privadas. Vigente desde el 1° de diciembre, el régimen reemplazó un sistema de monto fijo por una alícuota del 2% aplicada sobre el importe neto de IVA en cada transacción, lo que motivó el rechazo de la ASU.
