Los fiscales y la defensa del uruguayo Sebastián Marset renunciaron este miércoles a acogerse a un juicio rápido en Estados Unidos, por lo que su audiencia fue pospuesta hasta el 20 de mayo.
La decisión se adoptó en una audiencia celebrada en el Tribunal de Distrito Este de Virginia, donde ambas partes acordaron dejar sin efecto el procedimiento abreviado. Con ello, el caso pasa a una fase más amplia que permitirá a los investigadores ampliar la recolección de pruebas y explorar nuevas líneas de investigación.
El Ministerio Público estadounidense advirtió que la extensión de plazos podría dar lugar a la presentación de cargos adicionales contra Marset, de 34 años, quien ya enfrenta acusaciones por presunto lavado de dinero en el sistema financiero internacional.
El anuncio es relevante porque podría derivar en cargos por tráfico de drogas, que conllevan penas superiores a las de los cargos actuales. Aunque la acusación en curso menciona actividades vinculadas al narcotráfico, en este momento no lo imputa formalmente por ese delito.
En la audiencia, el juez Rossie D. Alston Jr. explicó al acusado que, de ser condenado por conspiración para cometer lavado de dinero con los cargos actuales, se enfrentaría a hasta 20 años de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada, y a una multa mínima aproximada de 500.000 dólares, según informó el periodista Kevin Hall, del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Marset fue detenido en la madrugada del 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y entregado a la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 2 millones de dólares por su captura.
Según las autoridades bolivianas, llegó a Bolivia en 2022 con una identidad falsa y regularizó su estadía, lo que posteriormente habría servido como base para sus actividades delictivas. En julio de 2023 logró evadir un operativo de captura y, desde la clandestinidad, afirmó en una entrevista que fue advertido antes del allanamiento y que algunos funcionarios bolivianos habrían estado implicados en su fuga.
Desde entonces permanecía prófugo, aunque su presencia en Bolivia era de conocimiento público. La Fiscalía lo identificó como presunto líder de una estructura dedicada al tráfico internacional de cocaína, con operaciones en varios países de Sudamérica y supuestos vínculos con organizaciones del crimen organizado.
Por estos hechos fue requerido por organismos internacionales y por autoridades de Uruguay, Brasil, Bolivia, Estados Unidos y Paraguay, donde además enfrenta acusaciones relacionadas con el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en 2022.
En mayo de 2025 la DEA lo incluyó entre sus fugitivos más buscados y, en febrero de este año, pasó a ocupar el tercer lugar en su lista de prioridades tras confirmarse la muerte de alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Tras su captura continúan los operativos y allanamientos para desarticular su red en Bolivia; al menos 15 personas presuntamente vinculadas a la organización han sido detenidas, entre ellas una familiar identificada como Tatiana M.
