Aunque los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán tuvieron una justificación estratégica y mostraron capacidad militar notable, han aflorado dos realidades preocupantes que condicionan el conflicto.
En primer lugar, Estados Unidos parece estancado. A pesar de su capacidad para destruir infraestructuras militares e instalaciones de liderazgo iraníes, no ha logrado eliminar por completo los drones, misiles y otros activos dispersos que Irán preservó deliberadamente en previsión de la confrontación.
La persistencia de esas capacidades residuales ha permitido a Irán seguir influyendo en objetivos estratégicos regionales, incluido el cierre efectivo del estrecho de Ormuz para el paso no solo del petróleo sino también de insumos como fertilizantes, lo que multiplica los efectos económicos y logísticos.
La capacidad de Irán para aguantar bajo presión forma parte de su estrategia: mantener la amenaza para presionar a Washington a cesar los ataques en los términos que Teherán considere aceptables. Esa “resistencia estratégica” le da margen para elegir el momento de detenerse, y obliga a Estados Unidos a considerar que retirar fuerzas y dejar a Irán con influencia sobre el estrecho y sus vecinos sería arriesgado.
Tampoco es viable, desde la perspectiva estadounidense, permitir la continuidad en el poder de un régimen dominado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), que podría acelerar programas como el de enriquecimiento de uranio para buscar un arma nuclear, vista como herramienta definitiva de disuasión y venganza.
En segundo lugar, el principal beneficiario estratégico de la continuidad del conflicto podría ser la República Popular China.
En el terreno diplomático y narrativo, el conflicto refuerza el argumento chino de que Estados Unidos actúa de forma impredecible y peligrosa, lo que lleva a algunos países a estrechar lazos con Pekín como contrapeso y a contemplar sus propuestas institucionales, como la Iniciativa de Gobernanza Global (GGI), frente al orden basado en reglas promovido por Occidente.
La iniciativa de paz de cinco puntos presentada por China, inspirada en una propuesta paquistaní, tiene pocas probabilidades de resolver el conflicto, pero incrementa la visibilidad de Pekín como actor relevante y pacificador en la región, en contraste con la percepción de un enfoque eminentemente militar por parte de Estados Unidos.
La prolongación de la guerra también fortalece la influencia china sobre Irán y otros actores regionales. China se ha convertido en un respaldo crucial para Irán, adquiriendo una parte importante de su petróleo y, según informes, suministrando materiales que podrían ser útiles para programas balísticos.
Tras el conflicto, Pekín estaría bien posicionado para participar en la reconstrucción de infraestructuras regionales, un terreno en el que ya opera con proyectos en Irán y con potencial interés en ampliar su papel en los países del Golfo.
El conflicto ha generado además tensiones en la OTAN sobre el papel de sus miembros en la seguridad del estrecho de Ormuz y ha aumentado la presión económica y política sobre aliados asiáticos de Estados Unidos, como Japón y Corea del Sur, que dependen del petróleo del Golfo Pérsico.
China, aunque afectada por la subida del precio del crudo, ha mitigado su exposición mediante reservas estratégicas acumuladas, rutas energéticas alternativas —por ejemplo terrestres desde Rusia— y una creciente electrificación de su economía que reduce su dependencia relativa del petróleo.
En el Indopacífico, la distracción de Estados Unidos hacia el Golfo amplía el margen de maniobra de China para presionar sobre cuestiones como Taiwán u otros objetivos estratégicos, al forzar el desplazamiento de fuerzas y recursos estadounidenses.
El compromiso sostenido de Estados Unidos en el Golfo ha implicado el consumo de municiones y sistemas de defensa aérea y el desplazamiento de activos clave desde el Indopacífico, incluidos grupos anfibios, un grupo de combate de portaaviones y baterías THAAD, lo que plantea costes logísticos y materiales considerables.
Adicionalmente, las operaciones prolongadas brindan a China la oportunidad de observar tácticas estadounidenses y recoger señales electrónicas y comunicaciones, información que podría ser útil para el Ejército Popular de Liberación en un eventual conflicto futuro, aunque no está garantizado que Pekín pueda o quiera explotar plenamente esos datos.
Frente a estas oportunidades, la propia China ha actuado con cautela: ha tomado nota de la eficacia militar demostrada por Estados Unidos y de la imprevisibilidad de sus acciones, y valora los riesgos económicos de una guerra amplia en el Indopacífico, especialmente con los problemas económicos que ya enfrenta internamente y el impacto global del conflicto.
Factores internos chinos, como la purga en la cúpula militar que afectó a figuras relevantes, también pueden inclinar a Pekín hacia una política más prudente. Aunque promueve públicamente el fin de las hostilidades, su prioridad parece ser la estabilidad regional y la preservación de su relación con Washington.
Aun cuando la continuación del conflicto puede ofrecer ventajas a China, Pekín debe gestionar riesgos significativos: disrupciones económicas por alzas del petróleo, perturbaciones en la logística global y la vulnerabilidad de su economía orientada a la exportación ante una posible caída de la demanda mundial.
Más allá de lo económico, la guerra complica la narrativa china como alternativa fiable. La percepción de que Pekín no puede defender militarmente a sus aliados —como se ha sugerido en los casos de Irán o Venezuela— puede minar su reputación en materia de seguridad.
El conflicto también afecta las relaciones entre China y Estados Unidos: ya ha pospuesto cumbres planeadas y existen sanciones previas de Washington a empresas chinas vinculadas a Irán. Si la administración estadounidense decide intensificar la presión sobre el papel chino en el sostén de la maquinaria bélica iraní, la ansiedad bilateral podría aumentar.
Frente a estas dificultades estratégicas, las opciones para Estados Unidos son limitadas. Retirarse sin cambiar el equilibrio regional podría dejar a Irán en posición de controlar el tránsito por el estrecho de Ormuz y de seguir amenazando a sus vecinos, forzando a otros Estados a negociar con Teherán y afectando gravemente a los intereses estadounidenses y a la economía global.
Si no se produce un cambio político en Teherán, la dirección radical superviviente podría acelerar un programa nuclear como medio de disuasión y venganza frente a futuros ataques.
Por eso, desde la perspectiva de política exterior, Estados Unidos tendría que replantear su enfoque: en lugar de una retirada, necesitaría coordinarse con aliados democráticos en la OTAN y en Asia para abordar conjuntamente las amenazas y abrir espacio a una alternativa política favorable a Occidente en Irán.
Una coalición más amplia no debería limitarse a degradar fuerzas e infraestructura iraníes, sino también a apoyar la transición hacia un gobierno que, en la medida de lo posible, abandone el terrorismo, la extorsión económica y los programas de armas de destrucción masiva, promoviendo instituciones más afines a normas internacionales y derechos.
Actuar en conjunto podría además fortalecer los lazos de Estados Unidos con Europa y Asia, ayudar a restaurar su poder blando como defensor de la democracia y los derechos, y reducir las ganancias estratégicas de China, sin impedir la posibilidad de compromiso económico y político legítimo entre las partes.
Evan Ellis es investigador senior no residente en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). Las opiniones expresadas en este comentario son exclusivamente del autor.
