Durante mucho tiempo se entendió que la función principal de las empresas era producir, crear empleo y crecer. Hoy esa visión es más amplia: el impacto social forma parte del modelo de negocio y de la evaluación de su desempeño.
En el Perú esto se traduce en prácticas concretas: empresas que ofrecen a sus trabajadores acceso a financiamiento, apoyo en educación y salud, facilidades de transporte y otros beneficios. Además, muchas participan en el desarrollo de infraestructura y servicios en las comunidades donde operan, contribuyendo a reducir brechas que históricamente dependían del Estado.
Instrumentos como Obras por Impuestos y las asociaciones público-privadas han canalizado esta colaboración y permitido la ejecución de proyectos en educación, salud e infraestructura. No obstante, la participación privada enfrenta obstáculos como la burocracia, demoras en procesos clave y señales contradictorias desde el propio Estado, que pueden desincentivar su involucramiento.
En el contexto electoral actual, algunos candidatos proponen una mayor presencia del Estado en la actividad empresarial, recuperando la idea del “Estado empresario”. La experiencia regional y local muestra que este enfoque suele derivar en empresas menos eficientes, con servicios de calidad inferior y costos elevados que terminan recayendo sobre la ciudadanía.
Esto no implica ignorar las fallas empresariales: las irregularidades deben sancionarse con rigor y dentro del marco legal. Sin embargo, asumir que la solución es desplazar al sector privado en su conjunto es un planteamiento simplista; las empresas varían entre sí y muchas aportan de forma significativa al desarrollo económico y social.
Las empresas estatales, por su parte, presentan problemas estructurales recurrentes: propensión a la captura política, nombramientos sin criterios meritocráticos y financiamiento con recursos públicos, es decir, con los impuestos de la población.
La empresa privada se sostiene sobre capital y trabajo que asumen riesgos: invierte, crea empleo, paga impuestos y dinamiza la economía. Un mayor grado de formalización empresarial amplía los recursos disponibles para obras públicas y programas sociales.
Por ello, más que reemplazar al sector privado, la vía recomendable es potenciar su rol como socio del Estado. Obstaculizar su desarrollo o promover intervenciones o expropiaciones genera incertidumbre y puede afectar la inversión, el crecimiento y el bienestar general.
El país requiere más actividad empresarial en un marco de reglas claras, estabilidad y un Estado que facilite la inversión y el funcionamiento formal. Cuando las empresas prosperan en condiciones estables, ello contribuye al progreso del país.
