El caso de Ángel Nicolás López, un niño de 4 años que falleció el 6 de abril en Comodoro Rivadavia, tuvo un avance judicial relevante.
Luis Armando López, padre del menor, con la representación del Dr. Roberto Castillo, presentó una ampliación de la denuncia penal pidiendo la imputación y detención inmediatas de Maicol González (padrastro) y Mariela Beatriz Altamirano (madre biológica). La acusación que se formula es homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte.
El escrito entregado a la fiscalía, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, describe un escenario de “producción del resultado a través de una pluralidad de comportamientos convergentes”. Según la querella, la muerte de Ángel no fue accidental sino el desenlace previsible de meses de maltrato físico y de desprotección institucional.
La autopsia preliminar señaló lesiones traumáticas en la región craneal incompatibles con una causa natural o accidental y compatibles con violencia física de alta intensidad. Asimismo, vecinos declararon haber oído gritos del niño y relataron episodios en los que la madre, durante una crisis, recriminó a González: “¡Vos le pegás al mío (por su hijo)!”.
LEY LUCIO
La denuncia también apunta contra el juez de Familia, Dr. Pablo José Pérez; la asesora de Familia, Verónica Roldán; y la licenciada del Servicio de Protección de Derechos, Jennifer Leiva. La querella sostiene que estos funcionarios contribuyeron a crear el contexto de desprotección que permitió el infanticidio.
El relato cronológico es el siguiente:
Advertencias ignoradas: El sistema judicial había rechazado en tres ocasiones la restitución del niño a su madre biológica por considerarla un entorno no seguro.
El grito de Ángel: En febrero de 2026, el juez Pérez y la asesora Roldán escucharon al niño en una audiencia. Ángel manifestó que su centro de vida era con su madre de crianza, Lorena Andrade, y no identificó a Altamirano como su núcleo afectivo. A pesar de ello, no se adoptaron medidas de protección.
Aislamiento fatal: En marzo, una restricción perimetral impidió todo contacto entre el niño y la familia paterna y la madre de crianza, dejándolo con los presuntos agresores semanas antes de su muerte.
El Dr. Castillo establece un paralelismo con el caso de Lucio Dupuy y alega que los funcionarios incumplieron deberes de capacitación y de detección temprana establecidos por la Ley 27.709 (conocida como Ley Lucio).
PELIGRO DE FUGA
La solicitud de detención inmediata se fundamenta en riesgos procesales. La querella aportó pruebas que, según sostiene, demuestran que los imputados habrían quemado prendas del niño el día del hecho para eliminar rastros biológicos y signos de violencia. Además, habría un plan de fuga hacia El Dorado, Misiones, organizado por Altamirano a través de un familiar.
La denuncia afirma que “nos encontramos ante un sistema que prefirió los formalismos procesales por sobre la vida de un niño que gritó por ayuda”. Mientras Comodoro Rivadavia permanece conmocionada, la justicia debe resolver ahora el pedido de detención para evitar la impunidad tras los hechos.
