El juez Ariel Lijo hizo lugar al pedido de Alberto Fernández en la causa vinculada a los Seguros y citó como testigos a la exsecretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra y al exjefe de Gabinete Santiago Cafiero.
Además, dispuso que el Cuerpo de Peritos especializados en corrupción de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos elabore un informe contable para determinar el alcance del supuesto perjuicio a las arcas públicas.
Para avanzar con esos peritajes, desde el juzgado federal 11 —donde Lijo actúa como subrogante— se enviaron oficios a Nación Seguros S.A. solicitando que entregue toda la documentación pertinente.
Los testigos de Alberto Fernández
La defensa de Alberto Fernández, a cargo de la abogada María Barbitta, propuso el testimonio de seis exfuncionarios de su gobierno.
El miércoles 15 de abril deberá presentarse la exsecretaria asistente del despacho presidencial, Ana Clara Hernández, designada en 2020.
Posteriormente declarará Vilma Ibarra para explicar el proceso de confección del Decreto 823/2021, que en la causa se investiga como el mecanismo que habría permitido el direccionamiento de contratos. Ibarra integró el gabinete de Fernández durante los cuatro años de gestión.
Para la semana siguiente fueron citados la exsuperintendenta de Seguros de la Nación, Mirta Adriana Guida; y el exjefe de Ministros y canciller Santiago Cafiero, quien deberá relatar las conversaciones que se dieron en el Poder Ejecutivo antes de la firma del decreto.
A fines de abril está previsto que comparezcan los responsables del área financiera del equipo de Fernández para explicar los efectos de la contratación de seguros: el exministro de Economía Martín Guzmán y el expresidente del Banco Central Miguel Pesce.
Una causa con tres jueces
La causa “Seguros” tramita en el juzgado federal 11, cuya titularidad quedó vacante tras el fallecimiento de Claudio Bonadío.
Desde la presentación de la denuncia en Comodoro Py, por ese tribunal pasaron tres jueces subrogantes.
El primero fue Julián Ercolini, quien tomó indagatoria a Alberto Fernández sin llegar a firmar un auto de procesamiento. En ese período se produjo la controversia por el intento del expresidente de apartar a Ercolini, a quien calificó como “su enemigo público”.
Ese pedido llegó hasta la Cámara Federal de Casación sin una resolución favorable para Fernández.
El año pasado asumió como subrogante Sebastián Casanello, que tras otorgar una ampliación de indagatoria dispuso el procesamiento por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Finalmente, este año Ariel Lijo reemplaza en la suplencia del juzgado y admitió las nuevas pruebas testimoniales propuestas por la defensa.
El expediente
La hipótesis de la causa sostiene que, mediante el Decreto 823/2021, Alberto Fernández habría dispuesto que Nación Seguros S.A. centralizara la designación discrecional de intermediarios y aseguradoras privadas, sin respetar los procedimientos de selección previstos.
El juez Casanello sostuvo además que la asunción de María Cantero como secretaria privada ejecutiva del presidente se aprovechó “como una oportunidad para profundizar y desarrollar los negocios del núcleo familiar, gestionando directa o indirectamente contrataciones de diversos organismos del Estado en su favor”.
Entre los señalados como beneficiarios aparecen el corredor Héctor Martínez Sosa, amigo del expresidente; su esposa, María Cantero; y el ex titular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano.
El expediente se encuentra en la Cámara de Casación porque el expresidente pidió que se revoque su procesamiento. Fernández se presentó en una audiencia oral y pública y sostuvo que lo acusaron por hechos sobre los que no había sido indagado.
Concluida esa etapa, los jueces de la Sala IV del tribunal de Casación estarán en condiciones de resolver en un plazo orientativo de 20 días.
