En la cúpula de la Casa Rosada sostienen que no corresponde desplegar mayores políticas públicas para solucionar la pérdida de empleo en el sector industrial. “Consideramos que hay otros actores que están en deuda para aliviar la situación de las empresas”, señalaron fuentes cercanas al presidente Javier Milei a Infobae.
La licitación privada que perdió Techint frente a la empresa india Welspun fue tomada como un ejemplo de la política de apertura que promueve el Gobierno. En la Casa Rosada valoraron el resultado no por la derrota de una empresa argentina, sino porque una firma histórica del sector redujo significativamente su oferta tras la aparición de una propuesta extranjera más competitiva.
Desde el Ejecutivo señalaron recientemente que en 2024 y en los años siguientes habrá un período de transición del modelo macroeconómico, pasando de uno más cerrado a otro más abierto. “En ese proceso se van a deshacer trabajos improductivos, pero se van a generar nuevos”, admitieron, y reconocieron que las políticas actuales favorecen sectores como el agro y distintos rubros energéticos por sobre las industrias del conurbano.
En ese marco, en el entorno de Milei reconocen que habrá impacto sobre la tasa de empleo, pero insisten en que otros actores deben contribuir a “nivelar la cancha” para que las industrias compitan en condiciones similares a las de países asiáticos u otros mercados.
Un ejemplo citado por el Gobierno fue la negociación del ministro Luis Caputo con el sector automotriz para eliminar un arancel exportador del 2% cobrado por el Estado nacional. “Estamos tratándoles de bajar a 0%. ¿Pero vos sabés cuánto les cobran las provincias y municipios? 10 puntos de impuestos”, dijo Caputo en una entrevista televisiva, subrayando la carga impositiva subnacional.
Es decir, la Casa Rosada está dispuesta a discutir mejoras en condiciones estructurales, pero rechaza medidas de protección sectorial. “Para que puedan competir con mejores condiciones también tienen que ayudar las provincias y los municipios con sus respectivos cobros de impuestos”, señalaron desde el oficialismo.
Los dirigentes del Gobierno evalúan que, a medida que aumenten los reclamos de distintos sectores, enfocarán con mayor intensidad su presión sobre autoridades provinciales y municipales responsables de la recaudación.
“La presión impositiva de las provincias y la que imponen los intendentes está totalmente desatada”, afirmó un alto funcionario del Ministerio de Economía. Otro funcionario con diálogo diario con el Presidente confirmó esa lectura y anticipó que ejercen “presión a las cámaras empresariales para que les pidan a los gobernadores y a los intendentes que hagan su parte”.
En el oficialismo consideran que una fase del programa de Gobierno debe incluir el ajuste de las cuentas subnacionales y municipales. En algunos casos esto ya se ha avanzado. A grandes rasgos, el Estado nacional redujo transferencias a las provincias por vías directas, como la disminución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), y por vías indirectas, como menor inversión en obras públicas o la transferencia de proyectos a las gobernaciones.
No obstante, la capacidad del Gobierno para obligar a los jefes provinciales a profundizar ajustes se ha acotado recientemente.
Un ejemplo concreto es la reforma laboral: uno de sus artículos proponía reducir el impuesto a las Ganancias para las sociedades, un tributo coparticipable que, de aprobarse, podría disminuir los recursos que reciben las provincias. Esa propuesta generó un rechazo amplio y transversal entre los gobernadores, por lo que ese artículo corre el riesgo de caerse si no se modifica.
Por eso, en la mesa política y económica del Presidente reconocen límites en estas iniciativas. Consideran además que parte de esa restricción podría revertirse si La Libertad Avanza gana alguna gobernación el año próximo.
Cómo se prepara el modelo Milei en las provincias
Al postularse a la Presidencia, Milei delineó una hoja de ruta sobre cómo conducir el Ejecutivo nacional. Sin embargo, La Libertad Avanza no tiene todavía un esquema consolidado y claro sobre cómo gestionar a nivel provincial, donde las responsabilidades y problemas cotidianos difieren en muchos casos de la agenda nacional.
En los últimos meses varios referentes libertarios hicieron propuestas iniciales. Los libertarios porteños, encabezados por Pilar Ramírez, anunciaron un proyecto de Ley de Bases adaptado para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El presidente bonaerense de LLA, Sebastián Pareja, organizó jornadas temáticas para debatir políticas públicas de cara a 2027.
En lo económico, el think tank vinculado políticamente a Santiago Caputo, la Fundación Faro, creó un “Consejo de la Libertad” integrado por 24 referentes subnacionales que impulsarán reformas libertarias en provincias y municipios.
Si bien en el espacio pueden confluir medidas de distinto corte, el área está presidida por Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y una de las personas de confianza del ministro Luis Caputo, por lo que se espera que el componente tributario tenga protagonismo en las propuestas.
Milei anunció la iniciativa hace medio año en un encuentro de la Fundación Faro: “A través del Consejo de la Libertad se van a crear faros que funcionen a nivel local encargados de iluminar hasta el último rincón de la Argentina con las ideas de la libertad”, afirmó entonces.
“Si las metas son bajar impuestos y eficientar nuestra economía para que sea la más libre y competitiva del mundo, necesitamos sumergirnos en la realidad de cada provincia. Porque para el que produce o comercia, trabaja, emplea, innova y emprende, su realidad económica es una y no puede ni tiene por qué separar lo nacional de lo local”, agregó Milei en ese acto.
El 15 de diciembre pasado la Fundación Faro presentó a los 24 consejeros, entre los que figuran dirigentes provinciales, legisladores, economistas y emprendedores locales. Por ahora se encuentran en una etapa inicial de conformación de equipos técnicos y estiman obtener resultados en un plazo medio. “Queremos llevar el modelo Milei a las provincias”, dijo uno de sus integrantes a Infobae.
La recaudación tributaria consolidada en Argentina se distribuye entre el gobierno nacional, la ANSES, las provincias y los municipios. En su Vademécum tributario 2025, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) contabilizó 155 impuestos de distinto tipo: 85 municipales, 25 provinciales y 45 nacionales.
