El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N.o 2 de San Martín, Secretaría 1, registró la presentación de una acción de amparo bajo el expediente FSM 021686/2026. La demanda fue promovida por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) junto con diversas organizaciones sociales y agrarias contra el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
La acción procura impedir el cierre de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) AMBA, ubicada en Ituzaingó y oficialmente clausurada el 27 de febrero, tras más de 15 años de actividad científica en el conurbano bonaerense. Los recurrentes sostienen que el vaciamiento de recursos se inició en junio de 2025 y que la medida afecta el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria de aproximadamente 16 millones de personas.
Entre las entidades firmantes se mencionan APINTA, FONAF, la Asociación Manuel Ugarte, la Cooperativa Trasulag y la Fundación Servicio de Paz y Justicia. Según las organizaciones, la estación ofrecía asistencia tecnológica al cinturón frutihortícola y a las granjas del área metropolitana, un aporte considerado clave para garantizar el abastecimiento cotidiano de frutas y verduras. Denuncian que, tras décadas de trabajo conjunto, el INTA habría dejado sin apoyo a los agricultores familiares en contradicción con normas sobre agricultura familiar, ciencia y tecnología, la Constitución y tratados internacionales vinculados al derecho a la alimentación.
La demanda subraya que la Agricultura Familiar produce el 70% de los alimentos frescos consumidos en el país y genera el 54% del empleo rural. Las organizaciones remarcan la centralidad de cultivos como papa, tomate, zanahoria y zapallo en la dieta diaria y distinguen esos productos de los cultivos industriales destinados a exportación.
El escrito también atribuye el cierre a intereses inmobiliarios, aludidos en la denuncia como la intención de vender tierras públicas de Ituzaingó a desarrolladores privados para proyectos de viviendas de alta gama. Señalan además la existencia de procesos penales abiertos relacionados con presuntas ventas fraudulentas de terrenos públicos.
La causa, caratulada “Asociación Trabajadores del Estado y otros c/ Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) s/ Amparo Ley 16.986”, quedó radicada en la Justicia Federal de San Martín. El tribunal deberá resolver sobre la admisibilidad del amparo y, de corresponder, solicitar informes al INTA para determinar si la clausura administrativa vulnera derechos fundamentales de ciudadanos y trabajadores.
