La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con los jueces Javier Carbajo, Gustavo M. Hornos y Mariano H. Borinsky, decidió por mayoría rechazar el recurso de la defensa de Estela Noemí Percival que solicitaba autorización para viajar al exterior en el marco de la causa por explotación sexual cuyo principal investigado es su exesposo Raúl Martins, antiguo agente de la SIDE.
La defensa pidió el permiso para que Percival viajara a Cancún, México, por motivos personales y laborales, sosteniendo que la sentencia no está firme y que la imputada ha cumplido con las medidas impuestas para garantizar su comparecencia. Esa petición había sido rechazada en instancias previas.
En efecto, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7, a cargo del juez Javier Carbajo, había denegado la autorización el 16 de diciembre de 2025.
La defensa sostuvo además que Percival reside en el mismo domicilio desde hace tiempo y que no existen indicios concretos de riesgo de fuga, describiendo el viaje como de carácter turístico y de corta duración.
Tras una nueva negativa el 20 de enero, la defensa presentó recurso ante la Cámara de Casación Penal, alegando que la decisión afectaba la libertad ambulatoria de la imputada y era arbitraria y carente de fundamentación.
La Sala IV volvió a rechazar la solicitud, señalando que la elevación a juicio indicó que Percival mantenía un vínculo de estrecha proximidad y confianza con Martins. Además, advirtieron que el destino solicitado coincide con el lugar donde reside Martins, también imputado y alcanzado por medidas judiciales mientras se tramita su extradición, y que no se especificaron motivos claros del viaje.
En su voto, el juez Gustavo Hornos enfatizó la necesidad de asegurar la sujeción de la imputada al proceso y garantizar la realización del juicio oral. Consideró que la prohibición de salir del país es una medida razonable, necesaria y proporcional frente a la gravedad de la investigación.
Hornos añadió que existe un peligro concreto de frustración del proceso si la imputada viajara al mismo destino donde se encuentra un coimputado clave, lo que incrementa objetivamente los riesgos. Por ello sostuvo que la permanencia de Percival en el país es indispensable para el normal desarrollo del juicio y la efectiva aplicación de la ley penal.
Percival está imputada por intervenir en maniobras de lavado de activos provenientes de actividades ilícitas vinculadas a una organización criminal imputada a Martins. La acusación afirma que la banda se dedicaba a la explotación sexual de mujeres y al blanqueo de las ganancias obtenidas.
Los cargos principales apuntan a lavado de activos, conforme al artículo 303 del Código Penal de la Nación. Se destaca además su rol administrativo en emprendimientos relacionados con la estructura investigada, donde figura como titular de las marcas “Anchorena SW” y “Anchorena Appart Hotel”.
La proximidad y confianza con Martins fue considerada relevante para la imputación, al entender que ella administró y explotó esos negocios. La acusación indica que habría facilitado la introducción de dinero ilícito al circuito legal y mantenido vínculos estrechos con el principal imputado.
El expediente indica que la organización operó entre 2002 y 2009 en la Ciudad de Buenos Aires, canalizando fondos de origen ilícito a través de empresas y bienes a nombre de personas vinculadas a Martins.
Según la investigación, Percival habría sido una pieza clave en la operatoria, cumpliendo funciones administrativas y figurando como responsable de empresas utilizadas para el movimiento y blanqueo de capitales. Tras la radicación de Martins en México, parte del grupo habría continuado actividades en Argentina; aunque en algún momento Percival había sido sobreseída, la Cámara reactivó la investigación en su contra el año pasado.
