En medio de los reclamos de prestadores y médicos de cabecera del PAMI por demoras en los pagos, surgieron dos novedades: el titular del instituto, Esteban Leguízamo, aseguró que “los vencimientos de deuda que teníamos con los prestadores al 31 de marzo están regularizados” y que “los vencimientos de abril los estamos pagando en este momento”. Al mismo tiempo, las auditorías internas detectaron nuevas irregularidades en la facturación y en la prestación de servicios.
Veteranos de guerra
Durante las revisiones en el módulo de Veteranos de Guerra se validaron, en los últimos 90 días, 4.409 órdenes médicas emitidas a afiliados que no cuentan con ese beneficio. Ese desvío implicó pérdidas para el Instituto por un total de $102.803.877 por prestaciones que no correspondían.
Como consecuencia, están bajo investigación más de 400 médicos de cabecera, equivalente al 5,6% de la nómina, según detallaron funcionarios vinculados a La Libertad Avanza.
Tampoco fue un caso aislado: se detectaron registros incompatibles con la realidad, como profesionales que declaran atender por la mañana en un consultorio y, una hora después, documentan la atención de afiliados de su cápita en un establecimiento situado a 240 kilómetros, una situación materialmente imposible.
Para las autoridades del PAMI, la unificación del nomenclador —el “Nomenclador de Médicos de Cabecera unificado y actualizado”— es una herramienta clave para fiscalizar la actividad de cada especialista. Las bases de este sistema se aprobaron mediante la Resolución 1107/2026, publicada en el Boletín Oficial.
La normativa, vigente desde el 9 de abril, fue rechazada por prestadores. Introduce modificaciones al Nomenclador Común y al modelo de médicos de cabecera, y se articula en tres ejes principales:
Unificación del nomenclador
Esto significa:
• integrar las prácticas en un único esquema;
• eliminar la dispersión normativa previa;
• ordenar códigos y prestaciones.
Modificaciones concretas al nomenclador
La Resolución 1107 reorganiza la forma en que se clasifican y pagan las prestaciones dentro del PAMI. Implica una revisión, actualización y depuración del listado de prácticas vigentes.
En ese proceso se suprimen ciertos códigos correspondientes a prestaciones individuales —por ejemplo, algunas consultas de control o prácticas específicas— que dejan de facturarse de forma separada y pasan a estar incluidas en la cápita, es decir, en el pago mensual fijo que recibe el médico por cada afiliado a su cargo.
Cambio en el modelo de pago
Se mantiene un sistema mixto, con cambios relevantes:
Aumento del valor de la cápita (pago fijo por paciente). Reducción o eliminación de pagos variables por prácticas. Algunas prestaciones seguirán pagándose aparte, como las atenciones domiciliarias.
Con esto, la resolución reduce el peso relativo de los procedimientos individuales y refuerza el modelo capitado. Además, elimina el incentivo económico vinculado a la formación de posgrado de los médicos.
“Unificar el nomenclador nos va a permitir también controlar mejor el accionar del médico y la prestación efectivamente realizada”, explicaron desde el PAMI.
Desde el organismo insistieron en que la prioridad de la gestión es “ordenar, regularizar y dar previsibilidad”. Leguízamo sostuvo que “esta gestión audita” y que esa fiscalización “fortalece la administración de una institución que prioriza la atención a más de 5 millones de afiliados en todo el país”.
Las auditorías recientes en áreas sensibles como cardiología y gastroenterología ya habían encendido alertas dentro del sistema. Los relevamientos internos, a los que tuvo acceso este medio, mostraron volúmenes de prestaciones incompatibles con una jornada laboral razonable y con la infraestructura declarada por los prestadores.
Un caso destacado en gastroenterología involucró a un prestador con solo dos quirófanos que declaró haber realizado 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas, una cifra que, según los auditores, excede claramente la capacidad operativa del establecimiento.
En una entrevista, el titular del PAMI señaló que la gestión actual revitalizó la auditoría interna, área que, dijo, había estado inactiva durante años. El objetivo de estos controles es detectar desvíos y verificar que los pagos correspondan efectivamente a prestaciones realizadas. “Soy responsable del fondo del instituto, que proviene de los impuestos que pagan los ciudadanos; lo tengo que cuidar. Corresponde que se audite”, afirmó, y aseguró que “se va a regularizar el pago”.
Las irregularidades detectadas se suman a denuncias previas por fraude, sobrefacturación y recetas apócrifas, que motivaron controles más estrictos, sumarios administrativos, sanciones y denuncias penales por maniobras millonarias.
