Europa identificó al menos 45 niños ucranianos que fueron trasladados o deportados por la fuerza a territorios ocupados, Rusia o Bielorrusia en una operación coordinada por Europol junto a autoridades de 18 países y organizaciones como la Corte Penal Internacional (CPI).
Las investigaciones recopilaron información sobre las rutas de traslado, las personas implicadas en las deportaciones —incluyendo responsables de orfanatos—, las unidades militares presuntamente involucradas y las instalaciones o campamentos donde habrían sido alojados los menores.
También se detectaron plataformas digitales que contienen imágenes de menores que podrían haber sido deportados, así como posibles casos de niños que estarían siendo integrados en estructuras militares rusas en el contexto del conflicto en Ucrania.
La iniciativa, coorganizada con Países Bajos, reunió a alrededor de 40 expertos en inteligencia de fuentes abiertas, quienes elaboraron informes con datos clave para localizar a los menores y apoyar las investigaciones de las autoridades ucranianas.
El encuentro tuvo lugar en la sede de Europol en La Haya; es el tercer ejercicio de este tipo y el segundo enfocado específicamente en la localización de menores ucranianos trasladados por la fuerza, una práctica que podría constituir un crimen de guerra según el derecho internacional.
Las autoridades ucranianas estiman que desde el inicio de la invasión más de 19.500 niños han sido deportados o trasladados desde territorios ocupados hacia Rusia o Bielorrusia.
Algunos de esos niños habrían sido adoptados por familias rusas, mientras que otros permanecen en centros de “reeducación” o en instituciones psiquiátricas.
Los expertos emplearon herramientas digitales avanzadas y técnicas de análisis de fuentes abiertas para rastrear a los menores e identificar posibles responsables de su traslado; los hallazgos serán analizados y compartidos con Ucrania para sustentar investigaciones judiciales.
En la operación participaron países como España, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, entre otros, así como organizaciones especializadas en la documentación de crímenes internacionales.
La CPI ha emitido desde 2023 al menos seis órdenes de arresto por distintos crímenes en Ucrania, incluyendo una contra el presidente ruso Vladimir Putin y otra contra María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia.
A ambos se les acusa de la deportación ilegal de niños ucranianos y de su traslado desde zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, un crimen de guerra según el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI.
Evacuación de menores
Las autoridades ucranianas han ordenado la evacuación obligatoria de familias con menores en 23 localidades de dos sectores del frente en la región de Járkov, debido al empeoramiento de la situación por los enfrentamientos, informó el gobernador Oleg Siniégubov en su cuenta de Facebook.
Según Siniégubov, un total de 74 niños serán evacuados desde doce pueblos del distrito de Shevchenko, y otros 54 menores serán trasladados desde once localidades del distrito de Belikoburlutska.
Ambos distritos se encuentran cerca de la ciudad de Kúpiansk, uno de los principales objetivos de Rusia en los últimos meses.
(con información de EFE)
