El juez federal de Quilmes, Luis Armella, dictó nuevas medidas cautelares en la causa que investiga el lavado de activos y la intermediación financiera no autorizada en el barrio privado Hudson Park.
La resolución amplía restricciones ya vigentes, prohíbe la salida del país a varias personas implicadas y establece que no puede designarse un nuevo administrador sin autorización judicial.
La investigación se centra en presuntas maniobras de lavado de activos atribuibles a la Sociedad Fiduciaria Hudson Park SA, Diseñarq SA, Real Estate Investiments Fiduciaria SA, Matías Molinari, Carlos Molinari, Diego Molinari, Marcelo Suárez, María Florencia Mari, José Omar Fassi Lavalle, Michel Fassi Lavalle, Elizabeth Mazzini (Liz Fassi Lavalle), María Lucrecia Silva, Valentín Darío Silvero Cuenca, Diego Hernán Novo, Darío Miguel, Luis Ach, Marcelo Curti, Adriana Nilda Bonetto, Andrea Perdomo, Juan Esteban Villar, Rolencmo SA, American Building Project SA, Suárez Global, Facility Managers SA y Administración Capra, entre otros.
Según el expediente, esas sociedades y personas conformarían una organización dedicada a incorporar al circuito financiero fondos provenientes de maniobras presuntamente defraudatorias, tipificadas en principio como asociación ilícita, estafas reiteradas y desbaratamiento de derechos acordados.
El fallo remarca las conclusiones de la Prefectura Naval Argentina (PNA), que tras analizar la documentación secuestrada en allanamientos vinculados a la administración de Hudson Park —y en particular a la firma «Capra & Asociados»— detectó múltiples irregularidades.
Se observó que «Capra & Asociados» ocupaba un rol central en la administración de los fondos del fideicomiso, realizando liquidaciones de expensas, cobros y pagos a proveedores y personal. El interventor del fideicomiso, Juan Carlos Sanguinetti, confirmó estas anomalías y consignó que personal de la Administración Capra retiró importantes sumas en efectivo sin dejar constancia documental.
La investigación también puso al descubierto una compleja estructura societaria vinculada al fideicomiso Hudson Park, con entrelazamientos funcionales y patrimoniales entre Real Estate Investment Fiduciaria SA, Rolencmo SA, American Building Projects SA y otras sociedades.
Según la causa, American Building Projects SA y Rolencmo SA habrían recibido beneficios económicos del fideicomiso, mientras que Real Estate Investment Fiduciaria SA habría actuado como administradora, gestionando y disponiendo de los fondos.
El fideicomiso inmobiliario habría sido utilizado para canalizar fondos procedentes de diversas fuentes, incorporándolos al circuito económico formal mediante operaciones inmobiliarias, comerciales y financieras, lo que se alinea con conductas típicas del lavado de activos.
Además, se detectaron vínculos entre los investigados y otras estructuras societarias como Janos, Petrokar SA y Tierra de Motores, lo que refuerza la hipótesis de un entramado organizado destinado a la colocación y circulación de activos de origen presuntamente ilícito.
