Los conductores que trabajan con aplicaciones de transporte como Uber, Cabify y DiDi en la Ciudad de Buenos Aires deberán tramitar una licencia profesional y contar con seguros específicos para poder seguir operando, según un fallo reciente de la Justicia porteña que busca equiparar las reglas con las que cumplen taxis y remises.
La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad, a raíz de un reclamo del Sindicato de Peones de Taxis. Los jueces consideraron que las plataformas digitales prestan un servicio de transporte de pasajeros y, por ende, no pueden quedar fuera de los controles y exigencias aplicables al resto del sector.
En la práctica, esto representa un cambio para miles de conductores que hasta ahora operaban con una licencia común. El fallo establece que, en ausencia de una ley específica que regule a estas empresas, sus choferes deberán cumplir los mismos requisitos que los taxistas, incluidos habilitaciones, seguros y licencias profesionales.
Qué cambia
La resolución sostiene que las aplicaciones no pueden funcionar en un “vacío legal” que les permita eludir controles regulatorios. Los magistrados enfatizaron que taxis y remises afrontan costos, trámites y exigencias que las plataformas digitales no habían tenido que asumir, lo que genera una competencia desigual.
Por eso, los conductores que usen apps de transporte tendrán que ajustarse a nuevas condiciones para mantener su actividad en la Ciudad de Buenos Aires. Entre los principales requisitos obligatorios se incluyen:
Licencia de conducir profesional.
Seguros específicos para transporte de pasajeros.
Cobertura para pasajeros, conductor y responsabilidad civil.
Cumplimiento de controles y habilitaciones similares a taxis y remises.
Adecuación a futuras regulaciones que dicte la Ciudad.
Los jueces Mariana Díaz, Fernando Enrique Juan Lima y Marcelo López Alfonsín consideraron que Uber y otras aplicaciones integran un “servicio global de transporte” y no solo una plataforma tecnológica; para sostenerlo citaron antecedentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El fallo también cuestionó al Gobierno de la Ciudad por haber permitido durante años una “apariencia de regularidad” en el funcionamiento de las plataformas: las calificaba como clandestinas, pero toleraba su publicidad en espacios públicos y no implementó controles efectivos.
Aparte de imponer nuevas obligaciones a los conductores, la Justicia ordenó al Gobierno porteño avanzar en otros puntos vinculados a las plataformas, como iniciar procedimientos para cobrar impuestos locales a las empresas y realizar campañas informativas para advertir a los usuarios sobre posibles riesgos relacionados con seguros o licencias.
Otro aspecto señalado es que, mientras persista la diferencia regulatoria, la Ciudad no podrá exigir a los taxistas determinados aranceles administrativos vinculados con licencias y trámites operativos. La Cámara entendió que no es admisible aplicar una carga de costos más onerosa a un sector cuando otro compite sin obligaciones equivalentes.
