Un estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) evaluó el impacto público del denominado «Caso Adorni», señalándolo como un episodio con potencial para alterar la percepción sobre la gestión de Javier Milei y con niveles de rechazo comparables a los generados por la «foto de Olivos» durante la gestión de Alberto Fernández.
El informe, basado en una encuesta de 4.711 casos en el AMBA, muestra un conocimiento masivo del tema: el 97,3% de los entrevistados dijo haber escuchado o leído sobre el caso.
La visibilidad del episodio alcanzó el núcleo del relato gubernamental: 8 de cada 10 encuestados consideran que el caso afecta directamente la promesa presidencial de combatir «la casta» y la corrupción.
El 66,5% de los consultados percibe la existencia de hechos de corrupción “reales y graves”, mientras que solo una minoría interpreta el caso principalmente como una operación política destinada a perjudicar al gobierno.
En relación con Manuel Adorni, el 70,3% lo considera “totalmente culpable” y el 65,8% declara no creerle “nada” cuando se defiende públicamente de las acusaciones.
El estudio señala que el impacto no se limita a la figura de Adorni: el caso se proyecta sobre la imagen del gobierno nacional y sobre el principal activo simbólico de Javier Milei, su discurso anti‐casta y anticorrupción.
El 79,9% sostiene que el episodio afecta “mucho” o “algo” el argumento moral con el que Milei llegó al poder; el 62,5% opina que la imagen del gobierno empeoró, y el 74,9% considera que la situación perjudica políticamente a la administración nacional.
El «Olivos» de la gestión Milei
El análisis del OPSA establece una analogía entre este escándalo y la «foto de Olivos», al entender que ambos hechos erosionan legitimidad política al afectar dimensiones morales y generar una percepción de contradicción entre el discurso oficial y la conducta de sus integrantes.
Aun en un contexto de fuerte polarización, en el que votantes del oficialismo suelen relativizar el caso, la mayoría de la población percibe un deterioro de la imagen gubernamental: el 62,5% cree que esta imagen empeoró y el 74,9% considera que el episodio perjudica políticamente a la gestión.
El informe concluye que el «Caso Adorni» consiguió instalarse en la agenda mediática y en la conversación pública, con potencial para generar un perjuicio sostenido en la confianza hacia el Ejecutivo.
Finalmente, el estudio recoge demandas sociales sobre funcionamiento judicial y sanciones: el 71,8% considera que el actual accionar de la Justicia favorece la corrupción por impunidad y falta de sanciones efectivas, y el 81,2% opina que penas más severas y aplicadas reducirían los hechos de corrupción. Estos resultados reflejan una demanda extendida de mayor capacidad sancionatoria, transparencia institucional y fortalecimiento de los mecanismos de control.
