El municipio de Villa La Angostura fue denunciado por ingresar con maquinaria y personal a terrenos privados, sin autorización de los propietarios, para instalar una cisterna destinada al suministro de agua de una comunidad mapuche asentada en la zona.
Propietarios de varios lotes señalaron que el Ejecutivo local ingresó a predios particulares para ejecutar una obra de infraestructura que beneficiaría a la comunidad Paicil Antriao, la cual mantiene conflictos territoriales en el área.
El episodio ocurrió el viernes pasado y motivó presentaciones ante la Fiscalía local, la Auditoría municipal y la Defensoría del Pueblo. Los denunciantes acusaron al municipio de haber avanzado con la obra mediante un ingreso que consideraron ilegítimo a sus terrenos.
Según relataron, los trabajadores municipales habrían dañado candados y forzado accesos para ingresar sin autorización a las propiedades privadas.
La presentación judicial indica que la maquinaria municipal transformó un sendero de montaña en un paso vehicular para permitir el paso de equipos pesados que trasladaron la cisterna destinada al abastecimiento del asentamiento.
Con el patrocinio de un abogado local, los propietarios denunciaron daños materiales, vulneración de la propiedad privada y un presunto uso indebido de maquinaria municipal. También mencionaron la apertura de una vía en un sector no autorizado y aludieron a posibles delitos como abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, evitó ahondar en la polémica y dijo a Infobae que el caso “ya está en poder de los letrados” y que “no hay mucho para decir”.
Desde la comunidad Paicil Antriao rechazaron las acusaciones y afirmaron que quienes presentaron la denuncia actuaron “de mala fe”.
Lorenzo Loncón defendió la postura de la comunidad y cuestionó a los particulares denunciantes. Aseguró que no se trata de una usurpación, sino de una recuperación territorial ancestral, y señaló que cuentan con representación legal en el marco del conflicto.
En declaraciones al Diario Andino, Loncón afirmó que la comunidad siempre procedió por vías legales y acusó a distintos gobiernos de ejercer “violencia institucional”.
También explicó que la intervención municipal tenía como objetivo garantizar el acceso al agua y prevenir incendios forestales. “Estas obras son legales”, sostuvo, y negó que se haya abierto una calle nueva, al decir que ya existía una huella en el lugar.
El vocero agregó que la comunidad inició acciones legales para reclamar infraestructura de servicios básicos, tanto de agua como de electricidad.
La comunidad Paicil Antriao mantiene desde hace años diversos conflictos territoriales en la provincia de Neuquén. Algunas ocupaciones que protagoniza cuentan incluso con fallos judiciales firmes de desalojo pendientes de ejecución.
El werken de la comunidad reclamó además al gobierno provincial la entrega de la carpeta técnica necesaria para obtener el reconocimiento formal como comunidad, trámite que posibilitaría avanzar en conexiones de servicios y en procesos de regularización territorial.
No obstante, continúan en curso litigios judiciales vinculados a la ocupación de tierras, en los que distintos propietarios exigen el abandono de los predios.
En el mismo cerro, la comunidad mantiene una disputa con Emanuel Ginóbili y además enfrenta diferencias con el municipio por la ocupación de un camping ubicado sobre la costa del lago Correntoso.
Asimismo, familias vinculadas a la comunidad se instalaron sobre el trazado proyectado de una ruta nacional destinada a desviar el tránsito pesado que atraviesa el centro de Villa La Angostura, lo que provocó demoras y bloqueos en el avance de las obras.
