Hace mas de un ano y medio no se sabe el paradero de Loan Danilo Pena, el nino que cumplio seis anos mientras permanecia desaparecido y fue visto por ultima vez el 13 de junio de 2024 en el Paraje Algarrobal, partido de 9 de Julio, provincia de Corrientes. En junio pasado la jueza Cristian Pozzer Penzo elevo a juicio la causa contra siete imputados por la sustraccion y ocultamiento del menor, descartando la hipotesis de trata de personas. Tras esa decision, las defensas intentaron demorar el tramite judicial; recientemente la Justicia rechazo esos intentos.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes -compuesto por los jueces Eduardo Ariel Belforte, Victor Alonso Gonzalez y Fermin Amado Ceroleni, con la asistencia de la secretaria Estefania Daniela Acosta- confirmo su competencia federal para juzgar el caso y rechazo los planteos de las defensas para que la causa volviera a la justicia provincial.
El conflicto central giro en torno a la jurisdiccion: mantener el proceso en el fuero federal, donde se tramito desde mediados de 2024, o devolverlo al fuero provincial, dado que la instruccion descarto la trata de personas y encuadro los hechos como sustraccion de menores menores de 10 anos, prevista en el articulo 146 del Codigo Penal.
La defensa oficial de Antonio Benitez, a cargo de Enzo Mario Di Tella, fue la primera en plantear la incompetencia del fuero federal, sosteniendo que dicha competencia es excepcional y restrictiva, y que solo procede por facultades delegadas por las provincias segun la Constitucion y las leyes que la instituyen.
Al mismo planteo se adhirieron los defensores de los otros imputados: Walter Adrian Maciel, Monica del Carmen Millapi, Daniel Oscar Ramirez, Laudelina Pena, Carlos Guido Perez y Maria Victoria Caillava.
Las defensas argumentaron que, concluida la investigacion, no se confirmo la existencia de un delito de trata de personas que justificara la radicacion federal, por lo que debia declararse la incompetencia de ese fuero.
Sostuvieron ademas que la sustraccion de menores es un delito ordinario de competencia provincial y que mantener la causa en el fuero federal supondria una extension indebida de su jurisdiccion, en contraposicion con la Constitucion Nacional.
Tambien senalaron que la repercusion mediatica o la conmocion social no constituyen criterios validos para definir la competencia judicial, y que la radicacion federal no puede sostenerse por razones de oportunidad politica o por la magnitud del impacto publico.
La querella, representada por Gustavo Alejandro Sanchez Noguera en nombre de la madre, el padre y el hermano de Loan, se opuso de forma enfatica a la excepcion de incompetencia. Advirtio que devolver la causa a la orbita provincial podria exponer el proceso a parcialidades locales, en particular por la vinculacion de uno de los imputados con la fuerza policial de la provincia.
La querella sostuvo que la desaparicion constituye una grave violacion de derechos humanos y que, mientras el nino no aparezca, el caso mantiene caracter federal. Ademas indico que la posible intervencion de funcionarios publicos podria configurar una desaparicion forzada, hipotesis que habilita la competencia federal.
No a dilatar el proceso
El fiscal general ante el tribunal, Carlos A. Schaefer, tambien se pronuncio contra la excepcion de incompetencia. Subrayo que el proceso esta avanzado, con las partes citadas a juicio, y que un cambio de fuero en esta etapa generaria nuevas demoras, afectando el derecho a un proceso en plazo razonable y el principio de celeridad.
El fiscal recordo que la investigacion se inicio en la justicia provincial bajo la hipotesis de abandono de persona, luego incluyo la posibilidad de sustraccion y de trata de personas, y que la aclaracion definitiva de los hechos corresponde al debate oral.
Al resolver, el tribunal pondero la complejidad del caso y la repercusion social de la desaparicion de un nino en una zona rural de Corrientes. Reconocio que la causa comenzo en el fuero provincial y fue remitida al federal ante sospechas de criminalidad organizada, hipotesis que finalmente no prospero en la instruccion.
No obstante, el tribunal considero que mantener la competencia federal aporta seguridad juridica y economia procesal, consolida la situacion procesal y evita traslados y avocamientos innecesarios, dado el avance de la causa hacia la etapa de ofrecimiento de pruebas y la inminente fijacion de fecha de debate.
El tribunal senalo que no corresponde seleccionar hechos o calificaciones sueltos para asignarlos a un fuero u otro; ante la interrelacion y comunidad de pruebas, deben vincularse los procesos y realizarse un unico debate sobre la totalidad de la causa.
Ademas recordo que hay personas detenidas a la espera de resolucion y que el avance de las actuaciones permite avanzar hacia la fijacion de la fecha para el juicio oral.
Finalmente, el tribunal rechazo el planteo de inconstitucionalidad presentado por la defensa de Maciel por considerar que no fue debidamente fundado.
