El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó una ley que amplía las atribuciones del Kremlin para desplegar fuerzas armadas fuera de Rusia, justificando esas acciones en la defensa de ciudadanos rusos detenidos o procesados en el extranjero.
Aprobada previamente por ambas cámaras del Parlamento, la norma autoriza al presidente a ordenar operaciones militares extraterritoriales sin requerir autorización internacional.
El texto, publicado este lunes en el portal jurídico oficial, establece que el presidente podrá autorizar el despliegue de unidades militares “para la defensa de ciudadanos rusos” frente a arrestos, juicios o medidas judiciales impulsadas por gobiernos extranjeros u organismos internacionales.
La ley abarca situaciones en las que ciudadanos rusos sean investigados o detenidos sin la participación de Moscú y fuera de mecanismos respaldados por tratados internacionales o resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, creando así una base legal interna que podría justificar intervenciones bajo el argumento de proteger a nacionales en el exterior.
El cambio refuerza una doctrina que el Kremlin ha invocado durante años para justificar operaciones militares fuera de sus fronteras. Moscú ha alegado en repetidas ocasiones la necesidad de proteger a ciudadanos rusos y hablantes de ruso en territorios vecinos, argumento empleado antes de la anexión de Crimea en 2014 y nuevamente desde la invasión a gran escala de Ucrania iniciada en 2022.
La nueva ley amplía una modificación de 2023 a la legislación sobre seguridad nacional, que permitía al jefe del Estado “tomar medidas para la defensa de Rusia y sus ciudadanos” frente a acciones consideradas contrarias a los intereses de la Federación, aunque sin especificar los mecanismos. Con la norma vigente, el uso directo de las Fuerzas Armadas queda explícitamente habilitado.
Desde el oficialismo, la iniciativa fue defendida como una herramienta “preventiva”. El senador Andréi Klishás, presidente del Comité de Legislación Constitucional, afirmó que la medida fortalecerá “el prestigio internacional” del país y protegerá a los ciudadanos rusos frente a lo que definió como actos hostiles en el extranjero.
El diputado Andréi Kartapólov, jefe del comité de defensa de la Duma, vinculó el proyecto con el caso del arqueólogo Alexandr Butiaguin, detenido en Polonia a pedido de Ucrania por excavaciones en Crimea, territorio ocupado y anexado por Moscú pero reconocido internacionalmente como parte de Ucrania.
Analistas y gobiernos occidentales han mostrado preocupación por el alcance de la legislación. La norma se publica en un contexto de advertencias crecientes de servicios de inteligencia europeos y de la OTAN sobre la posibilidad de nuevas acciones agresivas rusas fuera de Ucrania en los próximos años.
Especialistas advierten que la ley también podría emplearse para proteger intereses estratégicos en alta mar, por ejemplo para justificar escoltas militares a embarcaciones vinculadas a la llamada “flota fantasma” rusa, usada para exportar petróleo y eludir sanciones impuestas tras la guerra en Ucrania.
El Kremlin ha denunciado repetidamente una supuesta “rusofobia” internacional como argumento para sus políticas de confrontación con Occidente, y legisladores presentaron la nueva legislación como una respuesta frente a esa presunta campaña contra ciudadanos rusos en el exterior.
Aunque las autoridades rusas intentaron comparar la norma con mecanismos legales empleados por Estados Unidos para proteger a su personal frente a tribunales internacionales, la ley otorga amplias facultades unilaterales al presidente ruso para ordenar operaciones militares en terceros países sin supervisión externa.
La disposición entrará en vigor dentro de diez días. Con esta decisión, el Kremlin consolida otro paso en la expansión de los poderes presidenciales vinculados al uso de la fuerza fuera de Rusia.
(Con información de EFE)
