El intendente de Morón, Lucas Ghi, habló por primera vez sobre el caso de Luna Suyai Ortigoza, exdirectora municipal investigada por presunta comercialización de estupefacientes. La pesquisa judicial trascendió públicamente tras un allanamiento en una vivienda de Castelar Sur, donde fuerzas federales secuestraron aproximadamente medio kilo de cocaína.
Ante la repercusión política del hecho, Ghi defendió la decisión de apartar de forma inmediata a la funcionaria y afirmó que el Municipio colaboró desde el inicio con la investigación judicial. Señaló su compromiso con la búsqueda de la verdad y la voluntad del gobierno local de apoyar allanamientos y acciones en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y las mafias, sin sobreactuar ni subestimar la gravedad del asunto.
El jefe comunal informó además que la administración entregó toda la documentación solicitada por la Justicia, poniendo a disposición los elementos necesarios para que la pesquisa continúe sin interferencias.
Ortigoza estaba a cargo del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad desde junio de 2025 y había trabajado en la estructura municipal desde el comienzo de la gestión. La causa la investiga por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y por la tenencia ilegal de un arma de fuego.
Mientras la exfuncionaria se encuentra prófuga, el caso desató un nuevo conflicto político en Morón. Distintos bloques opositores presentaron un pedido de interpelación contra el intendente para exigir explicaciones sobre los controles internos del Municipio y los criterios de selección de funcionarios.
La iniciativa reunió firmas de concejales libertarios, dirigentes del PRO y representantes de otros espacios opositores. El proyecto cuestiona la capacidad del Ejecutivo municipal para detectar irregularidades en la administración pública y afirma que Morón atraviesa una profunda crisis institucional, ética y de seguridad.
La oposición vinculó el caso con el antecedente de Karen Cufré, una exagente municipal detenida meses antes en una causa por extorsiones virtuales, y sostuvo que no se trata de un hecho aislado sino de una falla sistémica en los controles del Departamento Ejecutivo, que podría evidenciar debilidad institucional o complicidad.
Frente a esas críticas, Ghi rechazó cualquier intento de encubrimiento y destacó que, a diferencia de otras gestiones, no darán continuidad a funcionarios cuya conducta parezca contraria a la ley, afirmando que esa postura se aplica en la práctica y no solo en declaraciones.
El intendente también se refirió a la madre de Ortigoza, empleada municipal, y aseguró que no existe hasta el momento ningún elemento judicial que la vincule con la causa penal. Remarcó que el Municipio actuará con todo el rigor de la ley, independientemente de quién esté involucrado.
Durante la entrevista, Ghi comparó este episodio con el del exsecretario de Legal y Técnica, Hernán Sabbatella, apartado de su cargo tras una denuncia por violencia de género, y afirmó que en ese caso no había el mismo nivel de pruebas que, según dijo, sí existen en la causa contra Ortigoza.
La denuncia no encontró correlato en material probatorio concreto.
