La Justicia de Santa Cruz dictó la prisión preventiva para Marcelo Félix Curtti y lo procesó por el asesinato y descuartizamiento de Aníbal Cepeda, de 72 años, hallado desmembrado en Río Gallegos. La causa fue encuadrada como homicidio criminis causa, una figura que puede implicar la pena de prisión perpetua si se confirma la culpabilidad.
La resolución también ordenó trabar un embargo sobre los bienes de Curtti por 20 millones de pesos, según informó La Opinión Austral. En paralelo, la querella solicitó la detención inmediata de otras dos personas que podrían estar vinculadas al hecho.
El procesamiento fue firmado por el juez Gerardo Giménez, quien consideró que existen elementos suficientes para atribuir a Curtti responsabilidad penal como autor del delito previsto en los artículos 45 y 80, inciso 7°, del Código Penal argentino. Dicha figura castiga a quien mata para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad.
La decisión judicial indica que, en esta etapa de instrucción, el magistrado considera acreditada la existencia del delito y probable la participación del imputado. La prisión preventiva busca garantizar que el acusado permanezca a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.
La pesquisa se desarrolló con pericias criminalísticas, análisis de cámaras de seguridad, testimonios y distintos procedimientos policiales y judiciales. En ese marco, Curtti quedó en el centro de la investigación y fue procesado con prisión preventiva.
Detuvieron a otras dos personas
Además del procesamiento y la detención de Curtti, la querella pidió la detención de otras dos personas que habían sido demoradas durante los primeros allanamientos realizados por la División de Investigaciones, cuando aún se desconocía el paradero de Cepeda. Uno de los operativos se efectuó en la calle Cantarutti y el otro en Cañadón León.
Esos procedimientos se originaron tras solicitar a entidades bancarias que alertaran sobre movimientos en las tarjetas del hombre luego de su desaparición, según La Opinión Austral. En uno de los domicilios allanados se hallaron el DNI y las tarjetas de la víctima.
Los detenidos afirman su inocencia: “Nosotros solo encontramos la tarjeta y la usamos”, dijeron. La querella sostiene que la Justicia debe investigar su posible intervención en el crimen. La causa permanece abierta y los investigadores trabajan para determinar si, además de Curtti, hubo otras personas que participaron, colaboraron o tuvieron una intervención secundaria. Mientras tanto, Curtti seguirá detenido bajo prisión preventiva.
El 10 de mayo, cuando se encontraron restos humanos descuartizados que luego fueron identificados como pertenecientes a Cepeda, surgieron detalles sobre la mecánica del hecho. La autopsia concluyó que la víctima murió por una herida punzocortante profunda en el cuello y que el cuerpo fue desmembrado, presuntamente para facilitar su traslado y ocultamiento.
Un elemento que abrió una nueva línea de análisis fue el hallazgo del teléfono móvil destruido de Cepeda en un descampado cercano al cementerio. La familia indicó que, tras la desaparición, allegados recibieron mensajes cuya redacción no coincidía con la forma habitual de escribir del jubilado, lo que llevó a los investigadores a indagar si alguien manipuló el dispositivo después del homicidio.
La Justicia sigue realizando peritajes sobre rastros de sangre encontrados en una parrilla del complejo habitacional donde se presume que ocurrió el hecho, además de estudiar teléfonos celulares y movimientos bancarios vinculados a la víctima.
La familia de Cepeda sostiene que el crimen no pudo haber sido cometido por una sola persona. Isabel Britos, nuera de la víctima, expresó que están muy tristes y pidió que se esclarezcan todas las responsabilidades, insistiendo en la posibilidad de participación de terceros.
