Organizaciones internacionales y la ONU han alertado sobre mafias radicadas en instalaciones de tipo carcelario en el Sudeste Asiático, especialmente en Camboya y Birmania, que operan sofisticadas estafas digitales de gran escala. Estas redes han ampliado recientemente su foco hacia España y países de Latinoamérica, captando hablantes nativos para localizar y engañar a víctimas en sus propios países.
Originadas en torno a la industria de los casinos y trasladadas al ámbito digital tras la pandemia de covid-19, estas instalaciones funcionan como centros de ciberfraude donde empleados —en ocasiones sometidos a condiciones de semiesclavitud— perpetran estafas millonarias bajo la dirección de organizaciones criminales, muchas con vínculos chinos, según informes y expertos consultados por la ONU.
Investigaciones de ONG y organismos internacionales han documentado torturas y muertes entre quienes no alcanzan objetivos o intentan escapar. La ONU estima que alrededor de 100.000 personas trabajan en este tipo de centros en Camboya y otras 120.000 en Birmania.
Aunque en un inicio las campañas de fraude se dirigían principalmente a víctimas chinas y asiáticas, las redes han extendido su alcance a otras regiones, lo que exige la incorporación de personal que hable los idiomas locales y conozca las culturas de los mercados objetivo.
Un caso ilustrativo es el de Gabriel de Oliveira, un brasileño de 24 años que viajó a Tailandia en abril tras aceptar lo que se presentó como una oferta de trabajo en informática. Sus padres informaron a EFE que nunca regresó y que falleció en Camboya en julio en circunstancias no aclaradas. Sospechan que pudo ser víctima de trata de personas y que su reclutamiento se hizo mediante un engaño con una fotografía suplantada.
Tras su llegada a Tailandia fue trasladado a Camboya; la familia perdió contacto durante semanas y la Embajada brasileña en Bangkok confirmó su muerte en julio. No se practicó autopsia y el cuerpo no ha sido repatriado.
Este caso se suma a rescates recientes en Camboya de ciudadanos de Colombia y Brasil que declararon haber estado retenidos en centros de fraude, y a relatos de otras personas que confirman el interés de las redes por captar trabajadores en España y Latinoamérica.
Laura Gil, portavoz para el Sudeste Asiático y el Pacífico de la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito (ONUDD), confirma la expansión a nuevos mercados: “Hay demanda en Latinoamérica, España y otras partes de Europa” y, pese a disponer de traducción automática, las redes reclutan hispanohablantes para hacer los fraudes más creíbles.
Trata de personas
El método de captación descrito por la familia de Gabriel se repite en otros países latinoamericanos. En uno de los casos, una oferta de empleo falsa llevó a una veintena de colombianos a Camboya, donde denunciaron haber sido incomunicados, maltratados y amenazados hasta que pudieron avisar a las autoridades mediante la aplicación LibertApp de Migración Colombia.
Según relatos recogidos por Migración Colombia, a las víctimas se les ofreció trabajo en un centro de atención para vender criptomonedas, pero al llegar comprobaron que habían sido llevadas para estafar y que les habían advertido de consecuencias graves en caso de no colaborar.
La directora de Migración Colombia, Gloria Arriero, indicó a EFE que desde julio se han realizado 127 rescates vinculados a estas redes: el 49 % de las víctimas son venezolanas, el 45 % colombianas y el 6 % pertenecen a otras nacionalidades.
Un testimonio distinto es el de David, un español con antecedentes policiales que relató a EFE desde Nom Pen haber aceptado colaborar con estafadores por dinero tras contactar con un “reclutador” latinoamericano. Durante cinco meses revisó y adaptó textos al español para que resultaran más naturales en fraudes dirigidos a hablantes de España y Latinoamérica.
David afirma que no llegó a hablar directamente con víctimas sino que su función fue revisar materiales y asesorar, incluso inventando ubicaciones falsas para dar verosimilitud a las operaciones. Aunque pudo salir por su propia voluntad, relata la vigilancia extrema en los centros y menciona casos de maltrato físico contados por otros internos.
Los estafados
Las víctimas suelen estar a miles de kilómetros y las estafas han alcanzado niveles de sofisticación que incluyen el uso de inteligencia artificial. Jéssica González, fundadora de la asociación VICTIFIN para personas afectadas por estafas, señala que han detectado desde febrero más de un centenar de aplicaciones que operan con el mismo patrón y las vincula a actores chinos. Algunas estafas han causado pérdidas multimillonarias; VICTIFIN ha tenido conocimiento de casos con daños de hasta 18 millones de euros.
Las redes utilizan “expertos” supuestos que prometen inversiones rentables a través de aplicaciones que imitan bancos o plataformas bursátiles reales y, según testimonios, incluso obligan a ciertos empleados a seducir a las víctimas para facilitar el engaño.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España ha alertado sobre varias de estas aplicaciones, y González recomienda a las víctimas recopilar toda la información disponible —transferencias, números, páginas web, capturas— y denunciar siempre para aumentar las posibilidades de recuperación y persecución de los delitos.
Los centros
Camboya es considerada un epicentro de estas ciberestafas, con más de 270 ubicaciones señaladas como posibles centros de fraude por Cyber Scam Monitor, que rastrea informes policiales, noticias y análisis satelital. Estos centros suelen operar desde torres de oficinas, hoteles o apartamentos y se desplazan a localizaciones más aisladas o fronterizas si creen estar vigilados.
En visitas a localidades en Nom Pen se han encontrado instalaciones abandonadas de forma precipitada, con material y documentos esparcidos. Laura Gil describe las escenas como “parecidas a una película de terror”: largas filas de puestos con teclados, pantallas y cuadernos con perfiles de víctimas.
En algunos casos, víctimas han comparado la organización y el mobiliario entre centros en países distintos, lo que sugiere procesos estandarizados a gran escala y una estructura que Gil define como “una multinacional ilegal e invisible”.
Comparable al narcotráfico
El investigador Jacob Sims, especialista en delincuencia transnacional en el Sudeste Asiático, estima que alrededor del 85 % de las mafias detrás de estas redes son de origen chino y advierte del alto rendimiento económico del negocio. Cifras conservadoras sitúan los beneficios anuales entre 50.000 y 70.000 millones de dólares, lo que lo convierte en una de las actividades ilícitas más lucrativas en la región del Mekong, comparable al tráfico de drogas.
Entre las figuras vinculadas a estas actividades aparece Chen Zhi, empresario de origen chino señalado por el Departamento de Justicia de EE. UU. como presunto líder de un vasto imperio de ciberfraude, con el conglomerado Prince Group radicado en Camboya y presencia en más de 30 países.
El impacto en las víctimas es severo: pérdidas económicas, endeudamiento familiar y consecuencias personales duras. Quienes han participado en las estafas expresan remordimiento y describen la situación como “terrible”.
(Con información de EFE)
